Jaime de Althaus, Periodista y antropólogo
El Comercio, 19 de Agosto de 2016
No deja de entusiasmar el conjunto de metas propuestas por el premier Fernando Zavala para el 2021: eliminar la pobreza extrema y la anemia, reducir la pobreza total a 14% y la desnutrición infantil a 8%. También -y esto parece lo más difícil- alcanzar un 60% de trabajadores formales. Apunta a las brechas esenciales. No hay metas, en cambio, en reducción de la victimización por delincuencia.
Para conseguir esos resultados ofrece un conjunto de mejoras en la eficiencia de los servicios y la obra pública (subirla al 6,2% del PBI) y un trabajo coordinado con los gobiernos regionales. Lo que requiere, a su vez, aumentar la presión tributaria al 17% del PBI: para eso el instrumento de oro es la formalización, un medio y una meta a la vez. Para lograrla se propone una estrategia de aumento progresivo de la carga tributaria para las mypes, una Sunat facilitadora y no represiva, 24 centros de desarrollo empresarial, entre otras medidas. Pero la formalización no avanzará mucho si no destrabamos el mercado laboral para generar más empleo con mejores salarios. Esto significa reformar la legislación laboral y las interpretaciones del Tribunal Constitucional, o modificar la Carta Magna. Esto es absolutamente fundamental. Al respecto, el premier ofrece crípticamente «articular de manera intersectorial el diseño de reformas que faciliten el ingreso al mercado laboral, complementadas con medidas que minimicen el impacto del desempleo».
El discurso ofrece instrumentos novedosos y variados (incluso aplicaciones) para modernizar el Estado, acercarlo a la ciudadanía y simplificar trámites, pero evitó mencionar reformas que pudieran provocar reacciones. Los conceptos más avanzados fueron meritocracia y productividad, que nadie discute. Pero aplicarlos requiere cambiar estructuras semipatrimonialistas, y eso genera resistencias. Supone profundizar decididamente la reforma del servicio civil -mencionada tangencialmente-, implantar presupuestos por resultados de verdad, separar la financiación de las prestaciones en Salud -para que se contrate a los establecimientos contra resultados-, y reformar las relaciones con los gobiernos subnacionales. Para que haya eficiencia se necesitaría concesionar las gerencias en los hospitales, empresas de agua potable, cárceles, redes de colegios, etc. Y nada de ese se tocó.
Es prometedor lo que se ofrece en seguridad, Justicia y anticorrupción. Pero la mayor corrupción está ahora en los gobiernos subnacionales, y no parece haber un planteamiento para eso.
Sí hay claridad en la idea de ampliar los programas productivos para que los beneficiarios de Juntos se ‘gradúen’ generando ingresos por sí mismos. Es decir, Sierra Productiva. Pero pudo plantear metas sugerentes: 500 mil familias campesinas andinas tendrán riego por aspersión y otras tecnologías… Esa sí sería una revolución social (y económica), llevada a cabo por los propios yachachiq. Pero sigue habiendo temor y resistencia del ‘establishment’ tecnocrático y se insiste en programas agropecuarios en Agricultura que nunca funcionaron.
En suma: un programa atractivo y convocador. Pero tendrá que abordar las indispensables reformas con más claridad que la que figura en el texto.
Lampadia
