Por Jaime de Althaus
(El Comercio, 24 de Abril de 2015)
El último Barómetro de las Américas (BA) revela que el Estado Peruano es percibido por los encuestados como una entidad que no está en capacidad de hacer que las leyes se cumplan. Esto tiene que ver con la debilidad, ineficiencia o corrupción de las instituciones: estamos en el último lugar en confianza en el sistema judicial, en el puesto 18 de 25 en confianza en la policía, y en penúltimo lugar en confianza en los gobiernos locales, y para eso están pendientes reformas de modernización y eficiencia.
Pero tiene que ver más con algo que Hernando de Soto ha señalado: por lo general las leyes no han sido construidas desde abajo, desde la realidad, y por eso no se pueden aplicar y la informalidad es muy alta. El fracaso del proceso de formalización de los mineros informales es clamoroso: nuestro Estado es capaz, por ejemplo, de asignar derechos de propiedad y de operación a grandes o eventualmente medianas inversiones (aunque cada vez menos, Tía María dixit), pero no puede hacer lo propio con los pequeños. Allí se requiere efectivamente hacer un levantamiento general de cómo se dan en la realidad las relaciones de propiedad, posesión y producción en la minería y las comunidades campesinas, y proponer un derecho que salga de la realidad, porque el que existe ahora solo funciona –y eso, con grandes dificultades debido a las sobrerregulaciones– para la gran inversión.
Lo mismo ocurre con la utópica legislación laboral y con las regulaciones tributarias, que solo las grandes empresas pueden con suerte cumplir.
Lo que ocurre es que tenemos leyes derivadas de modelos ideales de la formalidad global. Nuestro Estado es para los grandes. Para los pequeños, solo programas sociales, nada de facilitación ni justicia ni buena educación (estamos en último lugar en satisfacción con las escuelas públicas según el BA). Lo mismo pasa con nuestra policía y sistema judicial, que pueden ser eficientes en resolver los grandes casos, cuando el problema es ya insoslayable o hay plata de por medio, pero la pequeña delincuencia se les escapa por completo de las manos.
Por eso pudimos derrotar a Sendero Luminoso y procesar a importantes políticos, militares y presidentes regionales corruptos, pero no podemos con la delincuencia menor que afecta principalmente a las sectores populares: según el mismo BA, somos el primer país en victimización por delincuencia, es decir, donde un porcentaje mayor de personas (30,8%) declara haber sido objeto de un delito (robo, etc.) el último año. El sistema no está diseñado para proteger a los ciudadanos de a pie. Los juzgados penales están en el Palacio de Justicia, pero no hay fiscales ni jueces ni calabozos en cada distrito para condenar a penas de semanas o meses a pequeños delincuentes capturados para evitar que salgan libres y sigan delinquiendo. Esa es la falla que el ministro Pérez Guadalupe no ve cuando se queja de que la fiscalía suelta a los detenidos: no hay un sistema de atención primaria de la justicia. Pensemos desde abajo, no desde arriba.
