Jaime de Althaus, Antropólogo y periodista
El Comercio, 15 de abril de 2016
Buena parte del país respiró tranquila luego de los resultados de la elección del domingo, porque nos alejamos del abismo de la izquierda, pero en lo que debe repararse es en los demás resultados electorales, muy sintomáticos del hecho de que si esta vez el próximo gobierno no aborda las profundas reformas pendientes, en cinco años más el presidente saliente tampoco podrá quizá presentar candidato de su agrupación y nuevamente estaremos al filo de la navaja con el riesgo de echar todo a perder.
Porque los grandes derrotados en esta elección han sido los presidentes del posfujimorismo. Toledo alcanzó un magro 1,31% de los votos, enterrando de paso a su partido, Perú Posible. El portentoso Alan García apenas logró pasar la valle del 5%, y Ollanta Humala no pudo siquiera presentar candidato: prefirió salvar su partido, que hubiese también perdido la inscripción si no se hubiese modificado la ley a último minuto.
Esto es la consecuencia de la mezcla explosiva de acelerado crecimiento económico con aguda descomposición institucional y falta de control central, que produjo como resultado el avance también acelerado de la corrupción y las mafias, en medio de una alta ineficiencia estatal, en los últimos 15 años.
Lo que ocurrió fue que pasamos del régimen altamente concentrado, personalista y autocrático de los 90 a una democracia precipitadamente descentralista sin partidos políticos y sin capacidad de ejecutar políticas públicas y servicios eficientes. Pasamos del clientelismo tecnocrático de Fujimori resolviendo problemas concretos de la población, al presidente democrático lejano y sin brazos ejecutores transferidos todos ellos a gobiernos subnacionales improvisados y patrimonialistas.
Pasamos de un extremo al otro. Además, la salida de Fujimori no produjo la reconstitución de un sistema de partidos (como en el Chile pos-Pinochet) sino la multiplicación de partidos efímeros y de movimientos locales sin control que en muchos casos aprovecharon para asaltar gobiernos subnacionales con recursos caídos del cielo. Las mafias de la extorsión y las obras se multiplicaron, reclutando de paso a policías, fiscales y jueces.
Presidentes ausentes en medio de un gran descontrol institucional propiciatorio de la corrupción, la inseguridad y la violencia, solo llevan al desafecto radical de la población. Líderes políticos que no fueron capaces de construir una democracia y un Estado eficientes.
Por eso, la gran tarea del próximo gobierno será institucional: construir una democracia funcional y de partidos políticos, y reconstruir la autoridad central y la capacidad ordenadora y ejecutiva del Estado. Un Estado profesional y meritocrático para tener servicios eficientes y para establecer el imperio de la ley en el territorio. Y simple, desregulado y facilitador para que esa ley sea aplicable, incluyente, y podemos reducir la enorme informalidad, que es la gran injusticia de nuestro tiempo y el gran síntoma de la impotencia institucional en nuestro país. Lampadia
