Por Jaime de Althaus
Publicado en Semana Económica, 20 de junio, 2015
Lo novedoso del libro de Carlos Ganoza y Andrea Stiglich, El Perú está calato, es que postula la tan reclamada reforma política como el medio para lograr el incremento de la productividad de la economía peruana que el falso “milagro peruano” no logró porque este consistió, según ellos, en un simple boom de los recursos naturales. Esa afirmación shock funciona con eficacia para vender luego la necesidad de las reformas institucionales.
Lo interesante es que en la réplica de los autores a mi columna ya no se insiste en que el Perú creció más que los demás países de la región porque tuvo “una mucho mejor ubicación que los demás” frente a los precios de los commodities, cosa que no es cierta. Pero se reafirma en que tuvimos mejor desempeño por los efectos atractivos de nuestra estabilidad macroeconómica. Sin duda ello contó, pero esa es una característica que compartimos con otros países (Chile, Colombia e incluso Ecuador y Bolivia), que no crecieron tanto. Lo que nos diferenció, que el libro no reconoce, fue la profundidad de las reformas hechas en los noventa (apertura del mercado, privatizaciones, ingreso del capital al campo, titulación de propiedad, AFP, institucionalidad económica y regulatoria, etc., que Chile había hecho antes), y que determinaron que surgiera una nueva industria, mucho más competitiva y exportadora, un nuevo sector agroexportador muy tecnificado y muy empleador, un sector microfinanciero muy elaborado, etc., lo que, entre otras cosas, determinó que nuestra productividad creciera más que las de los demás países.
¿Que eso fue un milagro económico? No lo sé. Yo no he dicho que lo sea. Lo que digo es que no fue sólo un boom de precios. La estructura productiva del Perú cambió y se diversificó en una medida apreciable. Y si no cambió ni se diversificó más ello se debió a las reformas que no se hicieron (abrimos la economía pero mantuvimos la rigidez laboral, avanzamos muy lentamente en educación e investigación, y más bien retrocedimos en imperio de la ley y seguridad al tiempo que el sistema político se fragmentaba).
¿Que por defender el modelo no veo lo evidente, lo que falta? ¡Pero si es la economía de mercado la que demanda esas reformas! Ellas son la profundización del modelo. Las he reclamado desde 1987 en casi todas las columnas que he escrito y en mis libros, el último de los cuales, La Promesa de la Democracia, está dedicado precisamente a la descomposición institucional y del sistema de partidos y las reformas necesarias para revertirla. Desde Hobbes y Locke no hay mercado libre sin un Estado fuerte en seguridad, justicia y representación. Sin ley, sin seguridad en la propiedad, no hay inversión. El Estado de derecho y el imperio de la ley son una demanda medular de una economía de mercado. Sin eso no hay prosperidad posible. Esa fue la propuesta central del Fredemo en 1989-90: retiremos al Estado de la producción y concentrémoslo en seguridad, justicia, educación e infraestructura. Pero la segunda parte quedó trunca.
Seamos claros: eso que falta hacer, falta respecto de algo que sí se hizo: y eso que sí se hizo es lo que debe identificarse bien para entender y reafirmar qué es lo que funciona y qué no y por qué. Decir que lo que tuvimos fue solo un boom de recursos naturales y no resaltar el papel de la liberalización (parcial) de la economía puede llevar a pensar que un mercado relativamente libre no produce mejoras en la productividad ni cambios en la estructura productiva, y por lo tanto hay que regresar a medidas de tipo dirigista o intervencionista. Esa propensión está siempre presente y se ha manifestado permanentemente.
Hay que afirmar lo que se hizo bien, que no es sólo la estabilidad macroeconómica. Y no reducir, por ejemplo, los proyectos mineros a meros impulsores efímeros del crecimiento sin efectos orgánicos, hasta llegar a decir que para crecer nuevamente al 7% y que los ingresos aumenten de manera sostenida “no necesitamos megaproyectos mineros o de transportes” (p.59 de El Perú está calato). Yo argumenté que la minería sí ha inducido el desarrollo de industrias y servicios proveedores en el país, fomentandodiversificación, pero que lo haría en mucha mayor medida si fuera más grande, como la chilena o, más aun, como la australiana o canadiense. Carlos Ganoza y Andrea Stiglich responden que acá lo que importa es el peso relativo de la minería en el PBI, que en el Perú es similar al que tiene en esos países. Pero se equivoca en eso. Para generar clusters proveedores y encadenamientos con otros sectores, la minería tiene que tener un tamaño mínimo. Lo que interesa es su peso absoluto, no su peso relativo. Mientras más grande la demanda del mercado minero más posibilidades de que se instalen, por ejemplo, fábricas de maquinaria y equipo para abastecer a las minas. Esto es obvio.
Y queda demostrado con nuestra propia experiencia. Una estudio del Instituto Peruano de Economía (IPE) a partir del análisis de la nueva tabla insumo-producto, demostró que en el 1994, cuando nuestra minería era pequeña, lo que ella le compraba al sector manufacturero era apenas el 2.3% del Valor Agregado Bruto (VAB) manufacturero total. En cambio, en el 2007, cuando parte importante de la inversión minera de los noventa había madurado, esas compras de insumos industriales subieron al 14.1% del VAB manufacturero. Y por cada empleo directo la minería generaba nueve empleos indirectos en otros sectores de la economía. Imaginemos, entonces, el efecto de encadenamiento y generación declusters que se daría si nuestra minería fuese ¡dos o cuatro veces más grande!
Por supuesto que un mercado laboral más flexible, buen capital humano y mejor infraestructura, facilitarían el efecto diversificador de la minería. Pero los ingentes ingresos tributarios resultantes de una minería más grande permitirían precisamente incrementar sustancialmente la inversión en educación, investigación, justicia, seguridad e infraestructura. Lo que sí necesitamos, en lugar de sumarnos a la moda del menosprecio a la minería, es más consenso en torno al poder de palanca de la esta actividad y una institucionalidad mucho más fina y firme a la vez que permita el desarrollo de los proyectos en armonía con la población. Para que puedan llevarse a cabo.
