Por Antero Flores-Aráoz
(La Razón, 26 de Abril de 2015)
Es más conocido que la ruda, el hecho que la pasta básica de cocaína y el clorhidrato de cocaína salen del Perú clandestinamente por varias vías. Una es camuflada la droga entre otros bienes de exportación y a través de los puertos por vía marítima. Otra es la que proviene de los valles cocaleros de ceja de selva, por vía terrestre y sale del Perú abiertamente en diversas embarcaciones. La última y de gran importancia es la que sale por vía aérea, mediante avionetas o pequeñas aeronaves que aterrizan en aeródromos ilegales, reciben la droga y la transportan informalmente al extranjero.
Si todo ello es conocido, las preguntas que saltan por si solas son ¿por qué no se hace nada para impedirlo?; ¿por qué son burlados los controles?; ¿por qué no se detectan en las aduanas y puertos?; ¿quiénes cierran los ojos para no ver lo evidente y qué reciben a cambio?
Desde el año 2013, el congresista Carlos Tubino, ha presentado un valioso proyecto de ley, para determinar el procedimiento de interdicción de aeronaves sospechosas de transportar drogas ilícitas. El autor de la iniciativa legislativa conoce la materia e incluso la ha combatido, pues se trata de un prestigioso almirante de nuestra armada que tuvo importante participación en zonas convulsionadas por el narcoterrorismo, como es el departamento de Ucayali.
El proyecto de ley al que nos referimos se encuentra dictaminado por la Comisión de Defensa del Congreso que ha aconsejado su aprobación, dictamen enjundioso que debería ser modelo en nuestro Parlamento por su excelente calidad en fondo y forma. Pese a ello y a encontrarse en la agenda del Pleno hasta ahora no se pone a debate y voto. ¿Será quizás que hay “miopía” como las de otras autoridades que hasta cierran los ojos para no ver el pase de las drogas? Debemos estar vigilantes para que el proyecto se convierta en realidad.
No caben pretextos para postergar la aprobación de la iniciativa pues ella tiene sustento constitucional. En efecto la Constitución obliga al Estado a combatir y sancionar el tráfico ilícito de drogas, al igual que debe defender la soberanía nacional violentada por vuelos ilegales que invaden nuestro espacio aéreo, y para lo cual si bien es verdad que la Policía Nacional tiene por función mantener el orden interno, no es menos cierto que las Fuerzas Armadas, y en este caso la Fuerza Aérea, tienen como deber la custodia de nuestra soberanía, que también comprende el espacio aéreo como ya hemos advertido.
Los narco vuelos no pueden asimilarse a los llamados vuelos “inocentes” amparados en tratados internacionales, pues de inocentes no tienen nada ya que son vehículos para transportar mercancías ilegales fruto de perpetración de delito, y mucho más grave cuando se conocen las conexiones del tráfico ilícito de drogas con los remanentes terroristas.
La interdicción y derribamiento de los narco aviones, al igual que la destrucción de pistas de aterrizaje ilegales, ya se encuentra normado por la legislación nacional, y ahora lo que se necesita es complementarla con el proyecto Tubino que determina procedimientos para impedir excesos y resguardar la vida e integridad de inocentes.
