Por: Ian Vásquez
El Comercio, 12 de noviembre de 2019
La renuncia de Evo Morales ha generado el predecible relato por parte de un sector de la izquierda de que lo que ocurrió fue un golpe de Estado. Los hechos muestran la ridiculez de tal aseveración y la profunda actitud antidemocrática de quienes la sostienen.
Pero las narrativas importan a la hora de establecer o mantener la legitimidad. Es así tanto para las sociedades que estarían dejando el autoritarismo –como se supone que es ahora el caso de Bolivia– como para las democracias liberales como la de Chile, donde la izquierda radicalizada influye cada vez más en las decisiones del gobierno democráticamente elegido.
Los relatos pueden mostrar una buena dosis de hipocresía. La izquierda ideologizada demanda la renuncia del presidente chileno y alienta la violencia de una parte de los manifestantes. A la vez, denuncia que en Bolivia se haya “consumado un golpe de Estado” en palabras de Alberto Fernández, el presidente electo argentino, quien culpa en parte a “la pasividad del Ejército” ante las protestas de estas semanas en contra de Morales.
No tenemos que ser partidarios del presidente chileno, ni desconocer que cierto malestar en Chile es justificado, para reconocer que en Chile existe una democracia legítima y en Bolivia no. Recordemos el historial de Morales en el poder. El mandatario fue elegido en el 2005 y luego de llegar al poder en el 2006, convocó a una Asamblea Constituyente que produjo una nueva Constitución ilegal porque se aprobó por una mayoría simple y no por los dos tercios que requería la Constitución vigente. No obstante, se llegó a un acuerdo político con la oposición en el que el presidente no podría ser reelegido más de una vez según la nueva Constitución.
Esa garantía la violó Morales en el 2014, cuando la Corte Constitucional, bajo su control, le permitió ser elegido por segunda vez al no considerar su primer período bajo la vieja Constitución. En el 2016, Morales convocó un referéndum para permitirle ser candidato otra vez, pero el pueblo lo rechazó. El presidente desconoció el resultado y el sumiso Tribunal Constitucional le permitió la reelección, desconociendo así la propia Constitución.
A la hora de la elección el mes pasado, cuando era evidente que Morales no iba a ganar en primera vuelta, cometió fraude, cosa que los bolivianos llevaban semanas protestando y que este fin de semana una auditoría de la Organización de Estados Americanos confirmó. Luego de que saliera ese informe, de que renunciaran miembros de su gobierno y agencias del Estado, de que la policía en buena parte de Bolivia se sumara a las protestas y de que las Fuerzas Armadas se rehusaran a reprimir al pueblo, dimitió Morales.
¡Qué diferencia con Chile! La alternancia del poder en Chile se ha dado desde el regreso de la democracia en 1990, siendo la izquierda la que ha gobernado la mayoría del tiempo. Durante ese período, la Constitución ha sido cambiada numerosas veces y legitimada por los partidos de izquierda. Sin embargo, la izquierda extrema, que ahora quiere derrocar al presidente, dice que Chile ha vivido 30 años de fracaso, a pesar de los hechos que cuentan otra historia. Denuncia además que el Gobierno ha tratado de mantener la seguridad y el orden público ante el vandalismo y violencia que algunos manifestantes han desatado.
Los hechos importan, pero también importa el relato. En Chile, el relato de la izquierda ha logrado que el Gobierno acepte convocar una Asamblea Constituyente. En Bolivia, importará cómo se retoma la vía democrática. Debe ser de manera legítima y ser vista así. La izquierda hará lo posible para deslegitimar el proceso. Podrán producirse áreas grises. El partido de Morales, por ejemplo, podría boicotear una sesión en el Parlamento, donde tienen mayoría, para determinar quién sucederá a Morales. Cómo se entienden los hechos importará para una futura democracia boliviana.
