Por: Jaime de Althaus, Periodista y antropólogo
El Comercio, 25 de enero de 2019
La ventaja del acuerdo de colaboración con Odebrecht es que nos permite pasar de los casos ficticios de corrupción (donaciones de campaña) a los casos reales y graves (sobornos para obtener obras). Si el juez valida el acuerdo de colaboración, es porque ha constatado que la información brindada es importante, ha sido corroborada y sirve para acreditar la responsabilidad penal de autoridades y funcionarios del Estado Peruano y de empresas consorciadas.
Pero, de todos modos, tiene que haber un cierto equilibrio entre el objetivo de identificar y castigar a los corruptos nacionales, y los beneficios que reciba la empresa corruptora por delatar a sus cohechados. Aceptar que Odebrecht siga trabajando en el Perú, por ejemplo, es un bocado difícil de digerir. Si se acepta, el Estado Peruano debería demandar internacionalmente una reparación económica al Brasil por el inmenso daño ocasionado, porque esto fue parte de una política de Estado.
Si la empresa, pese a todo, sigue operando, las otras condiciones tienen que ser justas y equilibradas. ¿Lo son? El monto de la reparación civil parece bajo, aunque se refiere solo a cuatro proyectos. La Ley 30737 establece que el procurador público “estima el monto de la reparación civil siguiendo las mejores prácticas internacionales…, para lo cual debe contratar consultores especializados”. Pero el reglamento establece directamente una fórmula para calcular dicha reparación, haciendo inútil un estudio con consultores especializados, y no sabemos si esa fórmula recoge “las mejores prácticas internacionales”. Lo que el procurador ha hecho es aplicarla, lo que da 610 millones de soles.
Lo que parece una burla no es tanto el monto sino el pago en 15 cuotas anuales y sin intereses. Porque la fórmula funciona si el pago es al contado. De lo contrario, habría que aumentar el monto total. Además, los fiscales apelaron a un artículo de la ley que permite eximir a Odebrecht de la obligación de depositar en su fideicomiso el 50% de lo recibido por la próxima venta de Chaglla, cuyo valor real, descontando deudas, es de US$630 millones. De esos debería depositar US$315 millones, con lo que sobraría para pagar toda la reparación civil desde el primer minuto. En lugar de eso, ¡15 años para pagar!
La empresa ha presentado estados financieros para convencer a la procuraduría de que si la obligan a depositar, quebraría, porque tiene US$900 millones en activos (Chag-lla US$630 mlls. y los demás activos US$270 mlls.) y US$1.500 millones en pasivos. Sería conveniente que esos documentos se publiquen para el escrutinio público.
Fuera de los cuatro proyectos materia del acuerdo, hay 14 en investigación, pero Odebrecht no acepta haber sobornado en ellos. Si se prueba lo contrario, se obliga a dar la información y la reparación aumenta. También se compromete a entregar toda el material contenido en los servidores My Web Day y Drousys, sin restricciones, pero esto no tenía por qué ser una concesión de Odebrecht puesto que el Ministerio Público brasileño ya aceptó hace meses entregarlo directamente a la fiscalía peruana. ¿Por qué no se le exige que lo haga?
Por último, en el acuerdo no se establecen compromisos sobre obras inconclusas como Chavimochic, Olmos y Rutas de Lima. Ha faltado una visión completa.
