Jaime de Althaus, Antropólogo y periodista
El Comercio, 20 de noviembre, 2015
Uno de los temas centrales del debate electoral ha de ser cómo recuperar tasas de crecimiento superiores a 5% o 6% que nos permitan generar empleo y reducir radicalmente la pobreza, pues crecer al 3% es involutivo y peligroso. No es fácil, porque el entorno internacional probablemente se agrave el próximo año y quizá también en el 2017. ¿Cómo hacer?
En la presentación del plan de gobierno aprista, Alan García esbozó una idea estratégica: poner en marcha los proyectos mineros paralizados. Allí tenemos motores por 24 mil millones de dólares de inversión esperando ser encendidos. Bastaría prenderlos para tener un impulso muy grande. Llamó a dar la “batalla del cobre” contra Chile, que en ese tema nos gana 3 a 1, porque produce tres veces más que nosotros. Y no lo dijo, pero una producción minera mayor trae consigo gran diversificación productiva si se trabaja el desarrollo de un clúster minero-industrial y de servicios.
Y la llave para encender esos motores sería el “canon comunal” y que el Estado realice el estudio de impacto ambiental (EIA) y no la empresa. Esa llave disolvería la resistencia político-social a los proyectos. Pero habría que ir más allá, pues quienes se oponen no son las comunidades del área de influencia, que suelen estar a favor de los proyectos (Conga, Santa Ana), sino las poblaciones aledañas a dicha área, influidas por antimineros. De modo que hay que definir un área mayor y realizar en ella, junto con el EIA, un estudio de desarrollo rural, tal como ha planteado Raúl Delgado Sayán. Y a partir de allí adelantar el canon para que una asociación público-privada (APP) desarrolle un plan de desarrollo integral con participación de las comunidades, a fin de que las familias den un salto de productividad en sus tierras y no dependan de la mina.
Si los proyectos mineros no se convierten en palancas del desarrollo rural intensivo, serán siempre vulnerables, porque hay una articulación creciente contra ellos. Hace pocos días, el 14 de noviembre, el viceministerio de descolonización del Gobierno Boliviano organizó la Cumbre de Descolonización de Latinoamérica, a la que asistieron delegaciones de Cotabambas, Challhuahuacho, Abancay, Andahuaylas y Grau. Allí, dirigentes del Comité de Lucha de la Provincia de Cotabambas expusieron el caso Las Bambas, con el resultado de que la cumbre convirtió dicho proyecto en una causa emblemática prioritaria en la agenda de lucha por la “descolonización regional”.
Una nota de Prensa Latina refiere que una de las resoluciones de la cumbre pide que “a partir de Bolivia se inicie el segundo levantamiento continental del siglo XXI, sobre la base de la lucha de Katari y Túpac Amaru” para luchar “a favor de la nacionalización de los recursos naturales”. De acuerdo a otras fuentes, el Gobierno Boliviano se habría comprometido a apoyar con ingentes recursos a las “comunidades del Perú afectadas por la minería transnacional”, y las delegaciones peruanas se habrían reunido con el propio presidente Evo Morales para tal efecto.
La cancillería debe protestar enérgicamente contra esta injerencia externa, que amenaza nuestro crecimiento económico a tasas altas. Pero la solución de fondo está en el desarrollo agrario real de los campesinos andinos.
