Jaime de Althaus, Periodista y antropologo
El Comercio, 27 octubre de 2017
La pax Aráoz podría terminar en la más completa irrelevancia gubernamental si solo significa un acuerdo político tácito para no hacer nada. Se ha pedido facultades principalmente en temas tributarios y económicos, y quizá veamos algo interesante en términos de unificación de los regímenes tributarios que, junto como la generalización de los comprobantes electrónicos, puede terminar formalizando y ampliando la base tributaria. Eso junto a la radical simplificación administrativa que ojalá se concrete el próximo año y algunos avances en la modernización de las empresas de agua potable, pese a las zancadillas puestas por el Congreso, algunos proyectos y algo más, es todo lo que parece dar este gobierno.
En todo lo demás, Gobierno y Congreso han optado por la ceguera. Según un análisis de Plades, el 49,4% de la PEA ocupada gana por debajo del salario mínimo y el 72% de los peruanos trabaja en la informalidad sin derechos, pero el Gobierno no quiere pedir facultades para hacer los cambios que permitan ir entregando derechos y mejorando los salarios. Entre los jóvenes esa deprivación es mucho mayor, pero la Comisión de Trabajo del Congreso, controlada por el Frente Amplio, rechaza de la manera más cruel e insensible un proyecto de ley que permitiría generar decenas de miles de empleos juveniles con capacitación. Los congresistas de Fuerza Popular están de acuerdo, pero se dejan amedrentar. Hasta los del Frente Amplio aceptaron por fin poner en agenda el proyecto, pero eso solo duró dos semanas hasta que la CGTP, más reaccionaria y antilaboral que nunca, los acusó de traidores.
El Consejo Regional del Cusco aprueba una ordenanza para postergar la evaluación de desempeño de los maestros, desacatando una política nacional, y eso, que no es sino una muestra, no lleva a nadie a plantear la reforma de la descentralización. Y así sucesivamente. Hay un pacto a media voz para no hacer reformas. Ni siquiera la reforma política en manos del Congreso: no se quiere eliminar el voto preferencial, ni reducir el tamaño de los distritos electorales, ni que los órganos electorales organicen las elecciones internas ni restablecer la bicameralidad.
El Gobierno no puede resignarse a tanta mediocridad. Tiene que aliarse con el pueblo, lanzar cruzadas. Ya se olvidó que dio un decreto legislativo para crear un sistema de denuncias. Debería aprovecharlo para lanzar una gran campaña nacional de denuncias contra la corrupción omnipresente e impulsar la meritocracia en todas las instituciones. Transformar Juntos en un programa productivo masificando microrreservorios y riego por aspersión en toda la sierra, titular comunidades y familias y detener el acoso legal a los mineros informales, formalizándolos a partir de las plantas de procesamiento. Incorporar masivamente a los independientes e informales a Essalud y a las AFP, permitiéndoles que aporten a esas instituciones parte del IGV que pagan. Atención primaria de la justicia penal para eliminar la impunidad. Y derechos laborales para todos. Eso es la revolución social.
