El Colegio de Abogados de Lima (CAL) publicó ayer un comunicado rechazando todo acto de crueldad contra animales domésticos y anunció la suspensión de un trabajador de su centro de esparcimiento acusado de sacrificar un can que, sin embargo, al parecer sufría de distémper, razón por la que el trabajador decidió eliminarlo.
No hemos leído, en cambio, comunicado alguno del CAL sobre el modo como las instituciones judiciales y policiales están siendo utilizadas impunemente por mafias para anular la acción de la autoridad o perpetrar directamente extorsiones, invasiones, robos de propiedad, minería ilegal y otros.
El Comercio informó en detalle como 316 kilos de oro incautados por la Sunat a una empresa exportadora, que no pudo acreditar su origen legal, fueron increíblemente recuperados por esa empresa gracias a una medida cautelar de un juez de Ucayali, luego por un fiscal y una asistenta judicial del Callao, y el comisario de Sarita Colonia. La mafia, con ayuda de jueces, fiscales y policías, pudo más que la Sunat.
No contenta con recuperar el oro esa gente tuvo el cuajo de denunciar ante la fiscalía por desacato y apropiación a los seis funcionarios de la Sunat que habían actuado y distribuyó folletos cerca de sus casas y en los colegios donde estudian sus hijos acusándolos de corruptos. Un modo de amedrentamiento típicamente mafioso.
Esta empresa se presentó al almacén de Talma donde estaba el oro incautado con un equipo integrado por policías, dos abogados ex defensores de acusados por crimen organizado, y el coronel Benedicto Jiménez, todos ellos considerados operadores de un empresario inmobiliario investigado por lavado de activos procedentes de diferentes actividades delictivas como invasiones, apropiación de inmuebles y otras. Vinculado a esta red estaría el propietario de una empresa de seguridad que contrata cientos de policías en sus días de franco para que presten servicios a comercializadoras y exportadoras de oro y otros negocios ilegales. El dueño de esa empresa es amigo personal de Oscar López Meneses.
Hay una red de organizaciones que actúan en diversos terrenos –minería ilegal, narcotráfico, extorsiones, invasiones, robo judicial de inmuebles, etc.–, interconectadas entre ellas que compran servicios legales, de prensa y de seguridad a las mismas empresas y que cuentan con un contingente de fiscales, jueces y policías a su servicio. El problema es que estas mafias van ganando terreno, cada vez más terreno, y se burlan de la ley y el Estado peruano.
Esta grave amenaza solo puede ser enfrentada con un acuerdo político que incluya al Congreso, al Poder Judicial, el Ministerio Público y al Tribunal Constitucional, a fin de dar leyes que reformen las medidas cautelares de modo que no puedan ser fácilmente utilizadas por delincuentes, alarguen sustancialmente el exiguo plazo para el desalojo de terrenos invadidos y permitan depurar la policía sin exigir mayores pruebas a fin de que los policías cesados no sean repuestos. Antes de que sea demasiado tarde.
Publicado en El Comercio, 14 de febrero de 2014
