Por: Jaime de Althaus
El Comercio, 13 de setiembre de 2019
El Comercio, 13 de setiembre de 2019
Mi punto no es que la crisis política recién haya surgido con el pedido de adelantar elecciones, sino que la que estamos viviendo ahora, mucho más aguda que la que teníamos en el último año y pico, ha sido generada por el pedido de adelanto de elecciones. En ese sentido, ha sido creada artificialmente y se resolvería si se retirara el pedido de adelanto de elecciones.
Hay que distinguir la etapa de Pedro Pablo Kuczynski de la de Martín Vizcarra. En la primera hubo mucha beligerancia verbal, se cometió la barbarie política de censurar al ministro Jaime Saavedra, y el Gabinete Zavala tuvo que renunciar ante la negación de confianza planteada en defensa de la ministra Martens. Varios decretos legislativos importantes fueron derogados o desnaturalizados.
En la segunda etapa la correlación cambió: Fuerza Popular perdió largamente la mayoría absoluta, se dividió internamente y su lideresa fue enviada a la cárcel. Dejó de ser el puño que era. Más bien quien declaró la guerra fue el presidente Vizcarra al proponer un referéndum para que los congresistas no se reeligieran, una suerte de disolución diferida del Congreso.
Es cierto que el Ejecutivo tuvo que hacer cuestión de confianza para que se aprobaran las reformas (incluyendo el atentado antiinstitucional de la no reelección), pero al final todas las reformas judiciales y políticas fueron aprobadas menos la de la inmunidad que, sin embargo, mejoró mucho el texto constitucional.
Al 28 de julio de este año, el gobierno ya había ganado todas las batallas, había conseguido lo que quería. No solo eso: el discurso de asunción de Pedro Olaechea el 27 de julio proponía un trabajo conjunto con el Ejecutivo en torno a temas fundamentales que coincidían con los del Plan Nacional de Competitividad publicado el 28. Era el momento para concertar una agenda país al 2021.
En lugar de ello, el presidente arremetió con el adelanto de elecciones. Reavivó una crisis que ya casi no existía. El pedido empoderó al ala dura de Fuerza Popular, hasta ese momento minoritaria, y ahora los dos bandos se apertrechan buscando razones constitucionales para hacer cuestión de confianza, unos, o municiones para declarar la vacancia, los otros.
Mientras tanto, las investigaciones que abre el Congreso le sirven de pretexto al gobierno para no acceder al diálogo solicitado por el presidente del Congreso para establecer una agenda país. El gobierno no quiere un acuerdo porque este implicaría que no hay crisis.
Pero un acuerdo es perfectamente posible. La agenda está dada y cae por su propio peso, pero nadie se ocupa de ella sino de buscar las armas para eliminar al otro. Lo más absurdo de todo es que esa agenda sería la culminación de la obra de este gobierno: las reformas políticas pendientes (sobre gobernabilidad) para que el próximo gobierno no sufra lo mismo, y las reformas contenidas en el Plan Nacional de Competitividad, para salir del estancamiento de los últimos años.
¿Por qué negarse a meter esos goles cantados? ¿Por popularidad? ¿Por un proyecto político personal? ¿Por cansancio? ¿Por temor? Si no quiere un acuerdo, busque por último un Gabinete de consenso, o renuncie, pero no sigamos en un empeño que solo puede traer consecuencias desastrosas en todo orden.
