Diego Macera, Gerente General del Instituto Peruano de Economía
El Comercio, 15 de diciembre de 2016
A comienzos de los años 70, Peter Pyhrr era un gerente de mando medio de apenas 30 años en la compañía de productos electrónicos Texas Instruments. Preocupado por la creciente inflación y su impacto en el presupuesto de su empresa, el joven Pyhrr se preguntó: ¿Habrá alguna manera de optimizar el uso de cada dólar? ¿Qué pasaría si empezamos a planear desde cero el presupuesto cada año?
La pregunta y subsiguiente reflexión de Pyhrr dieron lugar a lo que hoy se conoce como Presupuesto Base Cero. La idea consiste en romper con la inercia presupuestal que amarra implícitamente a las compañías a usar el mismo nivel de recursos para los mismos fines en los mismos departamentos año tras año. Si el año pasado presupuestamos y gastamos X dólares en viáticos –dicen no pocos gerentes–, pues para este año asignemos lo mismo y quizá un poco más porque así siempre lo hemos hecho. El Presupuesto Base Cero, en cambio, obliga a repensar el destino de cada dólar del presupuesto en función de dónde puede alcanzar mayor rentabilidad. Dólar por dólar.
La estrategia, sin embargo, no tiene por qué limitarse al sector privado. Hace apenas dos semanas el Congreso aprobó la Ley de Presupuesto para el 2017. En este contexto, no está de más preguntarse: ¿Y qué pasaría si no existiera inercia burocrática en el sector público que autojustifique el gasto en cada ministerio e institución estatal? En otras palabras, ¿qué sucedería si partimos de una hoja en blanco en la que cada sol del presupuesto, uno por uno, debe ser asignado al sector donde consiga su máxima rentabilidad social?
Un incipiente ejercicio mental sobre esto puede ser interesante y a la vez revelador. Este ejercicio nos diría, probablemente, que los primeros soles del nuevo presupuesto irían a aquellas tareas primordiales que únicamente puede –y debe– cumplir el Estado. Los bienes públicos por excelencia. En este campo, la provisión adecuada de seguridad y justicia, o el llamado Estado mínimo, son quizá lo más importante.
Ahora, por cada sol que gastemos en seguridad y justicia, la rentabilidad social de cada sol adicional en esos sectores empieza a disminuir. Si los primeros soles van a pagarle cuando menos un salario mínimo al primer policía, el último sol de un presupuesto de 12 dígitos para el sector seguridad quizá ya estaría pagando la tablet último modelo del comandante policial.
Una vez cumplida la función seguridad y justicia, la siguiente rentabilidad social más alta en nuestro ejercicio mental se alcanza probablemente con los servicios públicos y conectividad, cuya provisión difícilmente pueda financiarse sin el Estado: agua, energía, caminos. Y conforme el impacto de cada sol gastado en estos va disminuyendo, se abrirían camino en el presupuesto aquellos bienes y servicios que sí pueden ser provistos por el mercado, pero que criterios fundamentales de equidad y de derechos individuales justifican en el gasto público. A saber, educación y salud de calidad.
Así sucesivamente podríamos ir avanzando con todas las funciones del Estado, sol a sol, desde la silla del primer juez hasta el coctel del embajador peruano en la República de Argelia si da la plata. Solamente en la medida en que se cumplan las funciones básicas, nos moveríamos a las siguientes pendientes. Y si bien hacer esto en la práctica, con más de S/150 mil millones de soles de presupuesto, puede resultar sumamente complejo, el espíritu de la idea no es descabellado e invita a más de una reflexión. Porque las canastas navideñas y los Juegos Panamericanos no agotan, ni de cerca, los cambios que un presupuesto así pensado demandaría.
