La manera de convertir el conflicto en torno a la ley de empleo juvenil en un activo nacional y no en un pasivo, es situarlo en el marco de una pregunta más general: ¿cómo hacemos para reducir la altísima tasa de informalidad laboral y empresarial? ¿Cómo hacemos para que las grandes mayorías de trabajadores, excluidas de todo derecho, accedan a ellos? ¿Cómo hacemos para tener una legalidad inclusiva?
Ese es el verdadero problema: la gran exclusión social y económica, el apartheid legal del país. ¿Cómo lo resolvemos? Si lográramos elevar la discusión a ese punto, encontraríamos la manera de avanzar. Habría un objetivo común que serviría para armar el diálogo.
Porque lo que tenemos ahora es una situación en la que unos creen que la ley la dieron los grandes para despojar a los pequeños de derechos. Eso no lleva al diálogo, sino a la guerra. Argumentar que es al revés, que se dio para que quienes no tienen derechos accedan a ellos, es inútil, porque en el núcleo de los opositores están la CGTP y otros gremios que temen una afectación a los beneficios que ahora gozan, y necesitan hacer demostraciones de fuerza para asentar sus posiciones internas de poder.
Por eso, interpretaciones como las del politólogo Steven Levitsky (“La República” 4/1/15), en el sentido de que lo que pasa es que en el Perú la protesta es el lobby de los menos privilegiados, es falaz en este caso –no en otros–, porque los que se movilizan no son los menos privilegiados, los que carecen de “derechos”, que son la mayoría, sino minorías que ya los tienen y sienten temor a perderlos y logran inflamar indignación simbólica en quienes no los tienen.
No es la primera vez que Levitsky hace política en lugar de ciencia política. Hace tiempo que la ciencia social comprobó que quienes se rebelan no son los más pobres, sino quienes, habiendo alcanzado algún nivel o privilegio, lo pierden o temen perderlo. Eso pasó con los maestros contra la meritocracia, por ejemplo. Recordemos que Humala le dio a la CGTP el viceministerio de Trabajo (Pablo Checa), que sacó una serie de normas (salud y seguridad en el trabajo, arbitraje obligatorio) para el pequeño sector que está en planilla, algunas de las cuales terminaron derogadas por inviables. Sienten que han perdido poder, incluso frente a las bases.
Pero aquí no se trata de perder nada. Se trata de que jóvenes desempleados o sin derechos ganen empleo, derechos y capacitación. Tan sencillo como eso. Por lo demás, el poder que las dirigencias sienten perder, es un poder pequeño, de corto plazo, miope. Porque si la discusión se eleva al tema de cómo reducir la enorme informalidad sin derechos, y esto se resuelve, los dirigentes tendrían mucho más poder: dispondrían de una base de trabajadores mucho más amplia para formar sindicatos, los salarios aumentarían como consecuencia del incremento de la demanda de trabajo formal, y la negociación colectiva se relanzaría para obtener participación en los aumentos de productividad.
Todos ganaríamos, pero hay que salir del estéril juego de suma cero.
