Fernando Rospigliosi, Analista político
El Comercio, 26 de noviembre de 2016
El gobierno ha estado postergando los conflictos sociales con promesas, mesas de diálogo y ofertas diversas, aplazándolos hasta los primeros días de diciembre. Probablemente confía en que la estacionalidad de los conflictos sea la campana salvadora que evite un ‘knock out’ en este round.
En efecto, usualmente a partir de mediados de diciembre los conflictos disminuyen hasta abril aproximadamente. Primero están las fiestas de Navidad y Año Nuevo, luego carnavales y otras festividades andinas, y el período intenso de lluvias en sierra y selva –y de mucho calor en la costa– entre enero y marzo. Coincide en parte también con vacaciones escolares, universitarias y de maestros.
Todo eso hace que, por lo general, decrezca la intensidad de los conflictos, no que desaparezcan pero sí que mengüen.
Esta tregua podría ser utilizada por el gobierno para replantear su estrategia para manejar los conflictos, que en estos cuatro primeros meses se ha mostrado inoperante.
Como anteriores gobiernos, el de Pedro Pablo Kuczynski no le dio importancia al problema al principio, hasta que estalló el de Las Bambas. Y allí quedaron en evidencia los errores. La policía trató de desbloquear la carretera y fracasó en el intento con el saldo de un comunero muerto y decenas de civiles y policías heridos. Sin ningún responsable, además, en el lado de los que agredieron a las fuerzas del orden.
En todo el país observan y van midiendo al gobierno. Y actúan en consecuencia. Solo para mencionar algunos casos: en Chumbivilcas, Cusco, los comuneros ocuparon la mina Constancia y habrían quemado el campamento de Utunsa (Anabi). En Pataz, La Libertad, atacaron la mina de Consorcio Horizonte con el resultado de un muerto y decenas de heridos. En Cusco bloquearon dos días la vía férrea a Machu Picchu en vísperas de APEC.
En ningún caso hay detenidos por los disturbios y la violación de la ley. En todos los casos los que protestan exigen dialogar con autoridades del más alto nivel, el presidente de la República o el presidente del Consejo de Ministros. Excepcionalmente aceptan conversar, solo al principio, con dos o más ministros.
Los políticos y agitadores han intentado, como es habitual, aprovechar los conflictos, azuzarlos y llevar agua para su molino. Por ejemplo, Gregorio Santos estuvo en el sur hace poco y ha prometido regresar a Apurímac el 6 de diciembre.
No obstante, carece de fundamento la idea de que Santos u otros políticos radicales sean los causantes de los conflictos. Así quisieran, no podrían provocarlos si es que la población local no tuviera motivos –ciertos o no– para protestar. Lo que ellos hacen es incitar y tratar de sacar provecho político electoral.
Tampoco hay una dirección centralizada que mueve las piezas acompasadamente a su voluntad. Pensar que eso existe en un país tan fragmentado como el Perú es equivocado.
Lo que sí se transmite en tiempo real, a la velocidad de Internet, es la experiencia. Y tanto los que medran de los conflictos como la población interesada están muy atentos viendo lo que ocurre en otros lugares.
Y lo que ven es un gobierno débil y medroso, y empresas cada vez más preocupadas.
Contrariamente a lo que muchos piensan, el interés principal de muchas de esas poblaciones no es la ideología, la política o el medio ambiente sino el dinero contante y sonante. Cada vez más se extiende la idea de exigir un porcentaje de las utilidades a las empresas.
También obras, sobre todo canalizadas a través de gobiernos locales. Alrededor de los municipios han surgido contratistas, algunas veces mafiosos, que se benefician de esas obras y que no solo alientan protestas sino que actúan con violencia. En los últimos dos meses han sido asesinados tres alcaldes distritales y 70 están amenazados. En Curimaná, Ucayali, dos grupos que disputan el municipio se enfrentaron con un saldo de tres muertos.
Habrá que ver si el gobierno usa esos meses en los que –previsiblemente– tendrá una relativa calma para replantear su estrategia. Entre otras cosas, es indispensable que tenga operadores sobre el terreno. No basta un ministro que va un día o dos a la zona.
Y la policía requiere equipamiento y entrenamiento antimotines para actuar con firmeza y eficacia, a fin de evitar que se produzcan víctimas fatales.
