Por Fernando Rospigliosi, Analista político
El Comercio, 26 de mayo de 2018
El Gobierno, dando una reveladora muestra de debilidad, suspendió los decretos que permitían a la empresa irlandesa Tullow explorar en busca de petróleo en el zócalo continental, en el norte del país, cediendo ante la protesta de un grupo de pescadores artesanales y de congresistas izquierdistas liderados por Manuel Dammert (Nuevo Perú).
Lo paradójico es que el Gobierno continúa con la construcción de la faraónica refinería de Talara iniciada en el gobierno de Ollanta Humala, cuyo costo se calcula en unos US$5.400 millones (casi 18.000 millones de soles), sin que haya suficiente petróleo para refinar.
La producción de petróleo ha venido cayendo sostenidamente en los últimos años y lo que se produce ahora –unos 44.000 barriles diarios– no abastecerá ni la mitad de lo que podrá procesar la nueva refinería. Y, como es obvio, si no hay exploración, no existe la posibilidad de ampliar la producción en los próximos años.
A pesar de eso, el gobierno de Martín Vizcarra cedió ante la presión de un pequeño grupo de pescadores informales. Y de políticos como Dammert, que tiene una larga trayectoria obstaculizando las inversiones y el progreso del país. Durante el primer gobierno de Alan García, Dammert encabezó a un grupo de parlamentarios izquierdistas en la oposición a la explotación del gas de Camisea que había descubierto la empresa Shell, después de una inversión millonaria en exploración. En 1988 el entonces populista izquierdista García cedió a las presiones, liquidó el proyecto y la empresa se fue.
Por fortuna para el Perú, el gobierno de Valentín Paniagua retomó el proyecto en el 2001 y el de Alejandro Toledo lo desarrolló. El extraordinario crecimiento que tuvo el Perú durante una década se explica básicamente por el florecimiento de la minería y por el gas de Camisea, que proporcionó no solo recursos al Estado sino, sobre todo, energía abundante y barata, sin la cual no se habrían alcanzado las altas tasas de crecimiento que permitieron una importantísima reducción de la pobreza.
Ahora Dammert y sus congéneres quieren repetir la experiencia. Con la ridícula consigna “cebiche sí, petróleo no”, han pretendido asustar a la opinión pública y lograr respaldo a su política de obstrucción a la inversión privada y a la indispensable explotación de los recursos naturales. Nadie le hizo caso, salvo el pusilánime gobierno de Martín Vizcarra y César Villanueva. Paradójicamente también, los izquierdistas defienden la construcción de la refinería, al tiempo que se oponen sistemáticamente a la exploración y explotación de hidrocarburos.
Esa consigna es una copia de otras de nefasta recordación, como la que opuso los limones de Tambogrande, Piura, a la explotación de oro por una minera canadiense que perdió unos US$60 millones en el intento, a principios de la década pasada. El resultado fue que mineros informales invadieron el yacimiento, contaminando y sin pagar impuestos.
O la que respaldó en Cajamarca Ollanta Humala en el 2011, “agua sí, oro no”, y que culminó con la paralización del proyecto minero Conga, la más grande inversión privada en el Perú en ese momento. Dammert participó precisamente en esa campaña como candidato al Congreso en la lista humalista con el eslogan –tan falso como demagógico– del balón de gas a 12 soles.
No es novedad que los izquierdistas se empeñen en bloquear la inversión privada con cualquier pretexto. Lo han hecho, lo hacen y lo seguirán haciendo. Tampoco que pequeños grupos pongan obstáculos. El problema está en que el Gobierno se acobarde ante la primera amenaza.
Todos en el país están observado su desempeño y sacarán sus conclusiones.
El precio del petróleo ha subido en el mercado mundial en el último tiempo, lo que haría más atractiva la exploración con un gobierno que la incentivara. En estas circunstancias, el ministro de Economía no tuvo mejor idea que aumentar el Impuesto Selectivo al Consumo a los combustibles, lo que sumado a la elevación del precio en el mercado ha provocado un hipo que ha incidido inmediatamente en otros precios, provocando protestas en provincias.
Al parecer, el fuerte ajuste que ha hecho el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) reduciendo los gastos gubernamentales e incrementando los impuestos no era indispensable, dado que los ingresos tributarios de los cuatro primeros meses del año han subido significativamente, 21,3% en relación con el mismo período del año anterior, según la Sunat. En abril el incremento es de 40,3% en comparación con el mismo mes del 2017. La minería, como suele suceder, fue el principal aportante. Son ya siete meses de aumento sostenido de los ingresos tributarios.
En suma, dos errores evitables: invalidar los contratos de exploración petrolera y un ajuste fiscal prescindible.
