Por: Jaime de Althaus, Periodista y antropólogo
El Comercio, 2 de agosto de 2019
La reforma de la inmunidad parlamentaria no es un tema estructural dentro de la reforma política. Pero se ha convertido, por el abuso que se ha hecho de ella, en un caballo de batalla del gobierno y en una demanda popular.
Ademas, formaba parte de la cuestión de confianza. Entonces debía ser aprobada. No hacerlo ponía al gobierno en una situación difícil. Y es cierto que el Congreso tozudamente amplió los alcances de la inmunidad a diligencias preliminares que antes no estaban comprendidas, pero al mismo tiempo controló ese añadido introduciendo un plazo perentorio: si no resuelve el pedido de levantamiento de la inmunidad en 45 días, la Corte Suprema puede presentar la solicitud ante el Tribunal Constitucional para que este la resuelva.
A mi juicio, entonces, el balance era positivo, pero el gobierno interpretó lo contrario. El hecho es que el proyecto de adelanto de elecciones desestabiliza el país y destruye posibilidades inminentes.
El presidente del Congreso había ofrecido trabajar de la mano con el Ejecutivo para sacar adelante leyes y reformas que permitieran recuperar la capacidad de crecimiento, jugando en pared con el Plan Nacional de Competitividad que el gobierno publicaba el mismo domingo 28. Por primera vez se alineaban claramente las intenciones y las propuestas, para introducir cambios que crearían otra perspectiva, mucho más clara, para el Perú.
Lamentablemente, el presidente, creyendo acaso que Fuerza Popular seguía siendo el monstruo de 73 cabezas, dinamitó esa posibilidad, cuando los duros en esa bancada disminuida ya son solo una minoría.
No solo eso. Instaló un nivel de incertidumbre que va a terminar de estancar la economía, con la consecuente pérdida de empleos y aumento de la pobreza. Lo que pudo ser el comienzo de un nuevo ciclo de crecimiento acelerado puede convertirse en el reflujo total de las fuerzas productivas.
Como si fuera poco, un adelanto de elecciones haría inaplicables las reformas políticas por las que el propio gobierno hizo cuestión de confianza, y hará muy difícil la aprobación de las seis reformas faltantes, indispensables para mejorar la gobernabilidad en el país y darle coherencia al todo. El cambio habrá abortado.
La situación creada, entonces, es lamentable e inaceptable para el futuro de los peruanos, y debe ser revertida. El Congreso y el Ejecutivo deben transar en una fórmula de inmunidad parlamentaria que satisfaga en alguna medida ambas posiciones.
Pedro Olaechea y Salvador del Solar son dos personas inteligentes que no solo son capaces de hacerlo, sino que entienden la necesidad de evitarle al país los estragos de la incompetencia de su clase política.
La inmunidad parlamentaria no puede ser eliminada en un país como el nuestro, pero se ha convertido, a estas alturas, en un símbolo de corrupción. No le hace bien a la imagen del Congreso ni de las bancadas de Fuerza Popular, el Apra y Acción Popular y otras dar la impresión de que se oponen a su reforma. Tampoco el Ejecutivo puede mantenerse en una posición destructiva.
No tiene sentido que la incapacidad de ponerse de acuerdo en un tema relativamente simple le cobre al país una penalidad tan alta. Es hora de que ambas partes depongan posiciones absolutas y convengan una regla aceptable. Amén.
