La impactante declaración de Dionisio Romero acerca de su donación a la campaña de Keiko Fujimori sorprende por el monto, pero no por la modalidad. Siempre fue así en la política peruana. Empresas aportaron a las campañas de diversos partidos con el acuerdo de no figurar, sea por temor a las represalias si ganaba un partido no financiado, o para tener el favor del futuro gobierno si el candidato apoyado triunfaba.
Es claro que esa etapa, coherente con un modelo proteccionista en el que la suerte de la empresa dependía de sus contactos con el gobierno más que del favor del mercado, ha llegado, menos mal, a su fin, aunque con más de 25 años de retraso, pues en una economía libre no debería haber espacio para el mercantilismo. Pero nos hemos ido culposamente al otro extremo, prohibiendo por completo los aportes de las empresas privadas, cuando lo que deberíamos tener son reglas que permitan que esos aportes, transparentes y públicos, expresen no intereses sino compromiso con el país y la democracia.
El monto de la donación de Credicorp, sin embargo, sale del patrón regular y se explica por otra motivación: evitar el triunfo de la alternativa chavista, desastrosa para el país y para las propias empresas. Algunos le quitan credibilidad ahora a esa amenaza, pero olvidan o no leyeron “La gran transformación”, que prometía nacionalizar los sectores estratégicos. Al final fue reemplazada por la “hoja de ruta”, pero mientras tanto la sensación de peligro era tan vívida que la propia Confiep llevó a cabo una costosa campaña de medios orientada a defender la economía de mercado, algo que dolosamente ha sido confundido por algunos diarios y fiscales con una donación a Keiko Fujimori.
Esta maliciosa confusión ha sido lamentable porque cuando por primera vez el empresariado nacional, tradicionalmente poco comprometido, asume un papel de clase dirigente y aporta para una campaña que defiende no intereses particulares sino el modelo económico que conviene al país en su conjunto y que redime a las propias empresas porque las obliga a competir, sus cabezas terminan desfilando por los pasillos de la fiscalía y el expresidente de la Confiep absurdamente investigado.
El Perú necesita reintegrar, no excomulgar, a su empresariado. Un fondo para campañas al que se pueda aportar con indicación del tipo de ideas que se quiere favorecer sin señalar uno u otro partido, para romper la relación de reciprocidad, sería muy bueno, así como la propuesta de financiar con parte de los impuestos ‘think tanks’ en los partidos políticos, para convertirlos en instituciones serias con capacidad de estudio y propuesta.
La revelación de Romero trae otro corolario: que el llamado ‘pitufeo’ no es prueba de lavado de activos, sino la manera como se disfrazaban donaciones de empresas que no querían figurar. Se ‘pitufeaba’ no para lavar, sino para ganar una elección. Se desmonta así la falacia del lavado de activos con la que los fiscales han criminalizado los aportes de campaña y a los propios partidos, destruyéndolos. Pero el fiscal Pérez, demostrando que su mente hace la realidad, lee el caso Romero al revés: como la demostración de que el ‘pitufeo’ es criminal. Dejo al lector la conclusión.
Por: Jaime de Althaus, Periodista y antropólogo
El Comercio, 22 de noviembre de 2019
