Diego Macera, Gerente General del Instituto Peruano de Economía
El Comercio, 24 de agosto de 2017
George Washington amaneció con dolor de garganta un viernes por la mañana de 1799. Con fiebre y dificultad para respirar, el comandante Washington –entonces de 67 años– aceptó que sus doctores le practicaran una sangría. El procedimiento –común en el siglo XVIII– consistía en hacer sangrar al paciente a través de cortes en las extremidades o el uso de sanguijuelas. Después de perder la mitad de su sangre en pocas horas, el comandante Washington murió.
Felizmente, la medicina ha avanzado mucho desde entonces. Los ensayos clínicos modernos de prueba y error impiden que terapias inefectivas y peligrosas como la sangría sigan vigentes. En economía el avance en el conocimiento sobre lo que funciona y lo que no funciona ha sido más lento, pero va ganando terreno. Prestándose herramientas de las ciencias naturales y de la estadística, los economistas intentan identificar el impacto real –empírico– de diversas políticas sobre el PBI, la inflación, el empleo, los ingresos, etc. Estamos lejos de entender cómo funcionan todas las variables, pero cada vez que escuchamos a alguien reclamar “muéstrame la evidencia” sabemos que por lo menos hoy hay conciencia de que intervenciones públicas no probadas pueden terminar por desangrar nuestros bolsillos.
Lo mismo no sucede, lamentablemente, en temas de seguridad ciudadana. Sabemos muy poco sobre lo que funciona para reducir el crimen e investigamos aun menos. Es incomprensible que, a pesar de que la inseguridad es la primera preocupación nacional, se destinen tan pocos recursos –humanos y financieros– a identificar las mejores estrategias para enfrentar el crimen. En cuanto al combate de la inseguridad, seguimos casi tan perdidos como los doctores del comandante Washington.
Para ser justos, existen algunos esfuerzos que contribuyen a entender las causas y métodos eficientes para reducir el crimen (entre ellos, por ejemplo, el Laboratorio de Criminología de la PUCP), pero estos son aún muy incipientes si se comparan con los que se llevan a cabo en otros países. El sector privado tiene cuota de responsabilidad en este vacío del conocimiento, pero la principal carga recae en el sector público. La coordinación y difusión de información delictiva entre la policía y el serenazgo es muy baja en la gran mayoría de municipalidades. El crimen fuera de zonas urbanas es rara vez contabilizado. La medición de impacto de programas para reducir el crimen en el Ministerio del Interior, fiscalía, Poder Judicial e INPE es casi nula. Y así sucesivamente.
La política pública para combatir la inseguridad no puede ser intuitiva. Necesitamos saber empíricamente si invertir en patrulleros inteligentes es mejor que invertir en cámaras de seguridad con software de última generación, si la capacitación de jueces y fiscales que lidian con delitos comunes tiene más impacto que la capacitación de la policía, si los programas para que los reos aprendan algún oficio mientras están a cargo del INPE efectivamente los ayudan a encontrar un trabajo legítimo cuando rehagan sus vidas fuera de prisión. Todas estas son preguntas claves.
Algunos dirán que estas evaluaciones de impacto cuestan dinero que no podemos desperdiciar, que el presupuesto es limitado y cada sol debe usarse de la mejor manera. Pero ese es justamente el punto. No podemos darnos el lujo de gastar millones de soles en un programa que no ha demostrado que realmente reduce la delincuencia. Mejor destinar el 1% a evaluar la eficacia de una intervención sobre el crimen, y el 99% restante al programa en sí, que el 100% a una iniciativa que puede no tener impacto, o incluso hacer las cosas peor, pero jamás enterarnos. Nosotros, como el comandante, también tenemos que deshacernos de sanguijuelas.
