Por: Fernando Rospigliosi, Analista político
El Comercio, 6 de julio de 2019
Los fiscales del equipo Lava Jato, y sus amigos y socios de la coalición vizcarrista que los respaldan, acaban de inventar una novedosa teoría que se resume en el título de esta columna: no decir la verdad no es mentir. Odebrecht y sus funcionarios, sostienen ahora fiscales y cófrades, no dijeron toda la verdad, por tanto no mintieron, por consiguiente el acuerdo con Odebrecht sigue vigente con algunos añadidos adicionales que se irán agregando en el camino, cada vez que aparezcan.
Y, por cierto, aparecen como producto de investigaciones del periodismo realmente independiente, como la del ecuatoriano Andersson Boscán y el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y no como consecuencia de las indagaciones de los fiscales peruanos.
El punto es que, durante meses, los fiscales han tratado de justificar el criticado acuerdo con Odebrecht afirmando que la empresa y sus funcionarios estaban obligados a decir toda la verdad acerca de las coimas que pagaron a funcionarios peruanos. Eso implicaba, por supuesto, que no podían omitir nada. Es decir, si ocultaban algo, si no contaban todo, era el equivalente a haber mentido y, por tanto, el acuerdo se anulaba y ellos sufrirían las consecuencias.
De hecho, eso es lo ocurre con cualquier colaborador eficaz o delator premiado. Debe decir todo lo que sabe. Si esconde una parte, se rompe el trato y pierde los beneficios.
Así las cosas, no cabe duda ahora de que Odebrecht y sus funcionarios no han cumplido su compromiso. De acuerdo a la información que Andersson Boscán y el ICIJ recopilaron, se sabe ahora que Odebrecht habría pagado coimas en 20 obras y no solo en las cuatro que contempla el acuerdo que los fiscales y el gobierno peruano, a través del procurador, aceptaron. (“Hay 21 obras de Odebrecht en sus registros de la caja 2”, El Comercio, 4/7/19).
La tesis que sostienen ahora los fiscales y sus compañeros de la coalición vizcarrista es insostenible por donde se la mire. No existe duda alguna de que Odebrecht y sus funcionarios mintieron.
Uno de los fiscales que tenía a su cargo este caso antes, Hamilton Castro, sostuvo que se negó a suscribir el convenio porque consideraba que Odebrecht había pagado coimas en 20 obras que identificó y no solo en cuatro. Precisamente lo que se conoce ahora.
Lo menos que podían haber hecho los fiscales Rafael Vela y José Pérez, cuando interrogaron a los brasileños, fue preguntar: “¿Ustedes pagaron sobornos en estas 20 obras?”. Se supone que ellos respondieron algo así como: “No, nosotros pagamos sobornos solamente en estas cuatro obras”. Y los crédulos y cándidos fiscales peruanos admitieron como cierta esa respuesta.
La conclusión no deja lugar a ninguna duda: ellos mintieron. Si mintieron incumplieron una de las cláusulas del acuerdo que los obliga a decir la verdad. Por lo tanto, el acuerdo no es válido. Eso es lo que ocurre con cualquier colaborador eficaz aquí y en cualquier lugar. Sin embargo, los fiscales y la coalición vizcarrista inventan retorcidos argumentos para explicar cómo no decir la verdad no es mentir.
Tantas falacias ya hacen sospechar que aquí no hay solamente ingenuidad, credulidad y candor, sino algo más sórdido y deshonesto.
Por último, el argumento desesperado que usan los fiscales y sus aliados es que no hay nada que se pueda hacer, salvo aceptar lo que Odebrecht quiera dar. Eso, naturalmente, es una falsedad grosera. Si la empresa y sus funcionarios han admitido sus delitos en Estados Unidos, Brasil y otros lugares, no es porque se hayan reformado y ahora son buenos y confiables –como han repetido algunos de sus asociados aquí en el Perú– sino porque han sido presionados y amenazados.
Y existen maneras de presionarlos. El principal interés de Odebrecht es recuperar los varios miles de millones de dólares que tiene en activos aquí, sobre todo ahora que están asfixiándose porque no pueden pagar sus deudas a los acreedores. Por ejemplo, solo por el gasoducto del sur están reclamando US$2.000 millones, y tienen además Chavimochic, Olmos, Interoceánica, etc.
El gobierno de Martín Vizcarra, generosamente, les permitió vender hace pocos meses la hidroeléctrica de Chaglla en US$1.400 millones como una muestra de buena voluntad para que firmen el acuerdo en el que, como se acaba de demostrar, mintieron. O, dicho de otra manera, Odebrecht le exigió y le impuso al gobierno la condición de permitirle vender Chaglla para firmar un acuerdo que, como sostenían sus críticos, resultó ser una patraña.
En resumen, está claro que Odebrecht ha mentido. Extrañamente, los fiscales y la coalición que los respalda, se niegan a reconocer el engaño. Y, peor todavía, nadie se atreve a presionarlos con lo que realmente les importa: las inversiones que tienen aquí. Esto huele muy mal.
