Por: Jaime de Althaus
La constatación de haber tenido uno de los peores resultados sanitarios y económicos en el mundo, ha desatado la repartición de culpas, la confrontación ideológica, las amenazas expropiatorias, las interpelaciones e incluso los ataques intestinos en el gabinete, y agudizará la propensión populista del Congreso.
Es una reacción hasta cierto punto natural ante el duro golpe de los datos y las realidades, luego de haber creído que nos iría mejor que otros. Pero esa reacción debe dar paso a una etapa de concertación porque no podremos enfrentar la caída económica más profunda desde la guerra con Chile, en medio de la guerra de todos contra todos.
Se requiere un Premier que pueda formar un comando público-privado para acelerar la recuperación y controlar rebrotes, desarrollar un intenso diálogo político con las bancadas para contener la pandemia populista, y crear algún escenario para acordar la manera de resolver los grandes problemas estructurales que han impedido mejores resultados: la informalidad y el sistema de salud, es decir, la incorporación de los peruanos al Estado legal y al Estado social. Si resolvemos eso, resolvemos todo.
Pero hay que entender la naturaleza de lo que impide avanzar en ello. Alberto Vergara ha señalado acertadamente que somos un Estado muy eficiente en el manejo macroeconómico pero muy ineficiente en la ejecución, en los servicios, en la integración de los peruanos. Por eso no manda ni gobierna. Pero le echa la culpa de aquello a “quienes defendieron las políticas económicas, (que) favorecieron también la mediocre inercia de todo el resto”.
No sé a quiénes se refiere exactamente. Los defensores de la libertad económica siempre han propugnado reformas institucionales para implantar meritocracia y gestión por resultados en el Estado, por ejemplo. Pero un par de muestras en el sector salud precisamente sirven para identificar el mecanismo que traba los cambios. A instancias del MEF, se aprobó la ley que crea el meritocrático régimen de la ley Servir. Un gran avance para pasar de un Estado patrimonialista (y corrupto) a uno profesional y eficiente. Pero ante un reclamo de los sindicatos de Essalud, el Congreso anterior pasó los CAS no al régimen Servir sino a la 728, que atornilla en el puesto sin evaluación ni posibilidad de exigir rendimiento. Y el Congreso actual ha consagrado la propiedad absoluta de los puestos de trabajo y el ascenso automático en todo el sector Salud. ¿Es posible conseguir una salud pública eficiente en esas condiciones?
En los 90 se creó los Comités Locales de Administración de Salud (CLAS), con médicos contratados y participación de la comunidad en el directorio. Las postas funcionaron mucho mejor porque se exigía más rendimiento y horas de trabajo. Pero el Congreso de Toledo nombró a los médicos, y los CLAS perdieron toda capacidad de exigir desempeño.
Una cosa son las demandas remunerativas justas y otra los intereses creados que buscan privilegios patrimonialistas revestidos de ideología, amparados por el clientelismo de los políticos en el Congreso. Si no tenemos conciencia de ese mecanismo a la hora de plantear un nuevo pacto social, toda admonición queda en bellas palabras tan inútiles como el Estado peruano.
