Por: Ricardo Uceda
La República, 20 de julio de 2021
Dos noticias recientes muestran el quiebre institucional peruano. Una fiscalía decidió investigar por sedición, un delito para inhabilitar a un gobierno mediante el uso de la fuerza, contra dos periodistas de Willax TV, Phillip Butters y Beto Ortiz. El documento no se basa en ningún hecho objetivo. El segundo suceso es que el Ministerio Público se abstuvo de investigar a la actual presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios, quien en 2017, antes de asumir el cargo, le habría solicitado un favor a uno de los cabecillas de Los Cuellos Blancos, el ex vocal superior Walter Ríos.
Por un lado, presteza para investigar a Willax TV, cuyos periodistas, con razones discutibles, denuncian un fraude electoral, y con base firme hicieron una serie de denuncias contra el gobierno de Martín Vizcarra. Por otro lado, vista gorda para una jueza aliada de los moralizadores del Poder Judicial, que iba a aniquilar definitivamente a la mafia de Los Cuellos Blancos. Los casos permiten ver una doble moral. Los periodistas pueden ser denunciados en otra instancia si cometieron un delito de prensa. La jueza no: tiene mucho poder.
Los motivos
La investigación por sedición fue abierta en forma preliminar por la fiscal Juana Meza, del Cercado de Lima, porque los periodistas emitirían noticias de connotación conspirativa desde Willax TV, incitando a que se desconozcan los resultados electorales “y haciendo incluso llamados a hacer un golpe de Estado”. Ortiz, además, intentó desprestigiar al proceso electoral llamando “terrorista” al presidente del JNE. Desprestigió a la ONPE por insinuar la posibilidad de fraude. Y también al partido Perú Libre, pues acusó a uno de sus dirigentes, Guillermo Bermejo, de estar vinculado con la subversión.
A su vez, Butters sería sedicioso por haber dicho “ya sabes que Bermejo es terruco… lo tienes que matar antes de que él te mate a ti”. Habría alentado la vacancia de Francisco Sagasti. La fiscal supone que Butters y Ortiz estuvieron concertados con el candidato Rafael López Aliaga, quien en una manifestación dijo que una victoria de Perú Libre traería pobreza y miseria al Perú, y pidió muerte para el comunismo y sus representantes, Pedro Castillo y Vladimir Cerrón.
¿Rebelión armada?
Lo anterior resume la sustentación de la fiscal ante una denuncia de activistas de Perú Libre. Es llamativa su incongruencia con los artículos 347 y 349 del Código Penal. El delito de sedición lo comete quien se alza en armas para impedir elecciones o que la autoridad actúe. Los conspiradores tendrían una pena de prisión no mayor de cinco años. El hecho de levantarse en armas es transversal a todas las intentonas. ¿Qué afán de amotinamiento hubo y qué relación tuvieron los periodistas con el mismo? La fiscal no menciona ningún evento.
La resolución es una forma de procesar en el sistema judicial discrepancias y odios resultantes de un polarizado debate electoral, y las controvertibles formas de ejercer el periodismo en ese contexto. Es el mismo tipo de denuncias por las que el Ministerio Público abrió investigación contra militares en el retiro que ejercieron bien o mal su derecho de opinión, pero sin incurrir en sedición. Salvo excepciones, hubo silencio de los políticamente correctos. El presidente Francisco Sagasti estuvo penosamente vinculado al inicio de uno de estos procesos.
Las dos amigas
Esta ligereza con la que el Ministerio Público se pone en funcionamiento ante denuncias politizadas contrasta con la renuencia a investigar a la presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios, por haber, supuestamente, pedido un favor personal al expresidente de la Corte Superior del Callao, Walter Ríos, conforme lo reveló Panorama el domingo. Los hechos no pueden ser más grotescos. Ella, según Ríos, le pidió interceder en el litigio de uno de sus hermanos. Podría ser verdadero o falso, pero de momento lo más importante es que nunca el Ministerio Público intentó comprobarlo, en un caso donde numerosos magistrados han sido investigados y destituidos por solicitar ese tipo de favores.
Como la doctora Barrios tenía fuero protegido por ser vocal suprema, el expediente debía ser visto por la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos. Ávalos se excusó por ser “amiga” de la magistrada. El caso se lo pasó al fiscal Supremo Pablo Sánchez, quien también se excusó por el mismo motivo. Ante lo cual el proceso pasó a Víctor Rodríguez Monteza, involucrado en las investigaciones de Los Cuellos Blancos. Obviamente se inhibió. Nadie comprobó los hechos y Elvia Barrios asumió la presidencia del Poder Judicial sin que la opinión pública conociera lo que ocurría.
Barco abandonado
Lo que debería hacer el Ministerio Público es archivar lo antes posible las investigaciones abiertas por sedición. Los simpatizantes de Perú Libre tienen derecho a denunciar a quien sea, pero un magistrado debe discriminar entre sediciosos y quienes opinan, incluso antidemocráticamente, sin incurrir en delito. Por lo demás, hay demócratas que desconfían de la pulcritud del proceso electoral y pretenden demostrarlo. Es válido presuponer que el JNE incumplió su responsabilidad de verificar las actas con la información del RENIEC y la ONPE. Su presidente Jorge Salas Arenas –otro amigo de quienes detentan poderes autónomos– seguirá siendo duramente cuestionado.
En cuanto a Elvia Barrios, como el Ministerio Público no actúa, debería ser investigada por la Junta Nacional de Justicia, como hizo con el vocal supremo César San Martín. ¿Con qué base puede ella seguir hablando de moralización sin que su denuncia haya sido esclarecida? El sistema de justicia es un barco abandonado: el Tribunal Constitucional tiene el mandato vencido sin perspectivas de renovación. El pleno de la Corte Suprema está sin quórum después de que varios vocales fueran destituidos y otros pasaran a retiro. Los únicos miembros de la Junta de Fiscales Supremos son Zoraida Ávalos y Pablo Sánchez. Los “buenos” se han quedado solos. Del tiempo de Los Hermanitos hemos pasado a la más virtuosa etapa de Los Amiguitos.
