Richard Webb, Director del Instituto del Perú de la USMP
El Comercio, 26 de junio de 2016
Como la neblina invernal de Lima, el pensamiento blanco y negro nos envuelve y nos nubla la vista, donde sea que miramos. Hace una semana cité algunas deficiencias sociales cuya solución es obstaculizada cuando los diagnósticos reducen el problema a dos categorías, estar bien o estar mal, por ejemplo el ser formal o informal, ser pobre o no ser pobre, y el tener o no tener seguro de salud.
La motivación política y mediática detrás de ese reduccionismo es evidente y se revela en la práctica casi rutinaria de acompañar la palabra déficit con el adjetivo alarmante. Revisando las noticias de las últimas semanas, por ejemplo, encuentro múltiples casos de “déficit alarmante”, en la alimentación, electricidad, donantes de sangre, política, infraestructura, patriotismo democrático, oncólogos, agua, banda ancha, medicinas y peritos anticorrupción. Nadie dudará de la efectividad política y mediática del adjetivo.
La “brecha” de infraestructura, por ejemplo, ha sido reportada religiosamente cada año durante por lo menos unos veinte años. Sorprende que en todo ese período la brecha se mantiene en casi un mismo nivel de inversión anual requerida, a pesar de los niveles excepcionalmente altos de inversión pública y privada en infraestructura durante esos años.
La necesidad de inversión es incuestionable, pero preocupa que los anuncios de brechas se refieren únicamente a montos de inversión y no al déficit de mantenimiento y buena administración que reduce la vida útil y la efectividad de las obras una vez terminadas. En el caso de los caminos rurales, por ejemplo, el presupuesto para reparación y mantenimiento a lo largo de su vida útil debe acercarse al costo original de construcción. Abundan los casos de represas y sistemas de irrigación mal ejecutados o mal administrados, cuya efectividad termina siendo fuertemente reducida. En Angaraes, una de las provincias serranas más necesitadas de riego, existen dos sistemas de canales de riego construidos hace varias décadas. Uno, del distrito de Lircay, nunca pudo ser usado por razones que ya nadie recuerda. Otro canal está ubicado en el distrito de Julcamarca y tiene un uso limitado debido a disputas entre comunidades y años de falta de mantenimiento. La mala administración también ha reducido la efectividad de varias obras de riego en la costa, por el arenamiento y contaminación de represas y por falta de drenaje. De igual manera, la contribución de los caminos se ve reducida por la falta de ordenamiento del tráfico y de la construcción urbana que termina atorando vías principales.
De la misma manera, resolver la falta de agua potable y de saneamiento significa no solo invertir los montos que se incluyen en los cálculos de brecha de infraestructura. Significa también la creación de capacidad de cooperación y administración a nivel de comunidades y centros poblados. El agua potable ha sido el objeto de una gran parte de la obra realizada por el programa Foncodes pero, según las evaluaciones posteriores, fueron esos proyectos los que registraron la tasa más alta de fracaso y, en la mayoría de los casos, la explicación fue una inadecuada administración del proyecto ya terminado.
El déficit más grande, creo, no es un monto de inversión sino la falta de esfuerzo y liderazgo para administrar nuestro escaso capital.
Lampadia
