Luego de dos intentos fallidos, la primera ministra Ana Jara logró finalmente ponerle el “bozal” –como ella misma dice– al ministro Urresti, para que no siguiera afectando a señoras ajenas a la política. El ministro pidió disculpas sinceras en ese caso, y luego también dio marcha atrás en la investigación de “La cautiva”, por indicación de la propia Jara.
Pero el bozal se lo ha aplicado solo para esos extremos. Sigue embistiendo al ex presidente García, a Keiko Fujimori y a ‘tutti cuanti’. En algunos casos sus sarcásticas invectivas podrían ser tipificadas como delito de injuria, calumnia o difamación. A José Ugaz, por ejemplo, lo acusó de haber atropellado a tres personas. Ugaz lo ha negado. Entonces, o no es consciente de que algunos de sus dicterios son delito, lo que sería grave tratándose de un ministro encargado precisamente de perseguir el delito; o actúa impulsivamente como sugiere la explicación que dio para el ofensivo retuit que motivó la reconvención de la primera ministra, o sabe perfectamente que está cometiendo delito y está buscando algo.
Pedro Cateriano, por su parte, acusa a García en buena cuenta de ladrón. Y a Keiko de ser hija de un criminal. Señala que se limita a recordar hechos del pasado. Justifica sus pullas online con el argumento de que “un ministro cumple una función política; por lo tanto, debe opinar libremente, y participar en el debate nacional”.
Por supuesto, no se trata de limitar la libertad de opinión de nadie, salvo que afecte el honor de terceros. Pero debe recordarse que el artículo 110 de la Constitución establece: “El presidente de la República es el jefe del Estado y personifica a la Nación”. Es decir, representa a todos. Por lo tanto, no podría partidarizarse ni atacar a la oposición. Con mayor razón sus ministros, que son sus delegados, sus ejecutores.
Y esto tiene que ser así porque un presidente o un ministro no es un ciudadano cualquiera: es un mandatario de la ciudadanía entera, no de su propia bandería. Y porque tiene un poder muy amplio que le permitiría fácilmente pasar del ataque verbal al uso de armas vedadas. Por ejemplo, espiarlos –incluso para ver si son infieles, como vemos–, o para neutralizarlos, como podría ser el caso de la denuncia formulada por “Correo Semanal”, si es cierta. O para amenazarlos, como denunció el director de “Perú 21”.
Usar el gobierno para fines partidarios no es sino una forma de patrimonialismo. Por eso la ley del código de ética de la función pública establece que el funcionario público tiene el deber de la “neutralidad”: “Debe actuar con absoluta imparcialidad política… en el desempeño de sus funciones…” (Art. 7), y tiene prohibido “realizar actividades de proselitismo político (Art. 8). Urresti y Cateriano están violando la ley, porque sus ataques se dirigen principalmente a los dos candidatos más importantes de las próximas elecciones.
Solo en los regímenes autoritarios vemos al presidente y a ministros denostando y descalificando a la oposición partidaria. Quisieran eliminarla, para perpetuarse. Eso hacían Velasco, Fujimori, Chávez, Correa, etc. Es un rezago de La Gran Transformación.
