Por: Jaime de Althaus, Periodista y antropólogo
El Comercio, 29 de marzo de 2019
En el bloqueo de la carretera a Las Bambas se juntan todas las fallas de nuestra institucionalidad, pero la detención de los hermanos Chávez, si se consolida penalmente y no se cede a pretensiones económicas que no tienen base, y no se negocia con la pistola en la sien del bloqueo, puede ser el punto de inflexión en la solución de una de esas fallas: la ausencia de imperio de la ley en las zonas mineras, creando por fin las condiciones para desarrollar nuestro potencial minero, gran palanca del desarrollo nacional.
¿Cuáles son esas fallas? Para comenzar, la total desaprensión del Estado en las zonas mineras, que son las más pobres y a la vez las más importantes para el futuro del país, porque pueden financiar el desarrollo nacional. En dichas zonas debería haber un alto funcionario permanente de la PCM coordinando a los sectores del Estado y a los gobiernos subnacionales en la aplicación de un plan de desarrollo integral que integre sosteniblemente al mercado a las familias campesinas y a las economías de los pueblos, para que los comuneros, en lugar de tomar carreteras para exigir dinero, se beneficien produciendo y vendiendo, convirtiéndose en empresarios, no en rentistas (o extorsionadores) de ocasión.
Esa lejanía de las comunidades del mercado es la otra cara de esa distancia social que se expresa ahora en la enorme dificultad para comunicarse con la comunidad, y tiene que ver también con un sistema político que no tiene canales de representación.
Pero hay que advertir que en este caso sí se dio una integración, pero espuria, falaz. Fuerabamba es la comunidad que más se ha beneficiado en todo el Perú de la relación con la minería. A cambio de reubicarse, recibió un pueblo entero con todos los servicios y cada comunero obtuvo una casa de 750 mil dólares y más de 1 millón de soles en efectivo. La empresa generó una adicción a la droga del dinero fácil, sin que la economía de las familias haya crecido de manera real y sostenible conectándose productivamente con el mercado.
De allí a la extorsión no hay sino un paso. El terreno de Yavi Yavi fue transferido a la comunidad con una vía ya existente y con una servidumbre para construir una carretera más amplia, acordándose entre las partes que no habrá pago alguno (Sunarp Nº Partida 11102198). Por eso, lo que hay acá no es una justa demanda sino simple extorsión, instigada por los ultracriollos hermanos Chávez que ellos sí se comunican bien con las comunidades para ilusionarlas con decenas de millones de soles si bloquean la carretera para exigir compensación por algún derecho inexistente.
Los hermanos Chávez han estado haciendo eso impunemente durante años. Por eso, si reciben sentencia y se restablece el orden, su captura habrá sido un hito en el establecimiento del imperio de la ley en el país. Para eso es indispensable además no ceder en otorgar montos sin fundamento, porque debe romperse el costosísimo precedente anterior cuando el entonces ministro Vizcarra dio a otras cuatro comunidades, asesoradas también por los hermanos Chávez, la exorbitante cantidad de 25 soles por m2 de servidumbre, cuando el promedio en la sierra es 30 centavos por m2. El conflicto actual no es sino una secuela de aquel. El presidente tiene que enmendar su propio error.
