Pese a las apariencias, este es acaso el momento más interesante de la democracia peruana en los últimos 14 años. Diversos procesos están estallando simultáneamente, alumbrando una nueva institucionalidad, que, claro, deberá ser bien cuidada y alimentada para que crezca y se fortalezca.
El caso más notorio es la reacción contra el avance incontenible de las mafias. Es una corriente nacional donde se juntan la valentía de víctimas, magistrados, dos o tres congresistas y el papel de la prensa, pero en la que confluye el hecho sin precedentes de que, como ha resaltado César Azabache, la fiscalía, la policía y la contraloría hayan logrado construir, trabajando conjuntamente, unos casos sólidos y bien fundamentados que han permitido detener preventivamente a los presidentes regionales César Álvarez, Kléver Meléndez y Gregorio Santos, y ordenar la detención de Rodolfo Orellana, presunto líder de una megamafia que posee tentáculos en todas las instituciones.
No son palos de ciego. Los casos efectivamente están bien construidos. Lo que está naciendo es una nueva institucionalidad, un nuevo nivel de calidad, en la administración de justicia y la investigación policial. El avance de las mafias de todo orden está obligando a la institucionalidad judicial y policial a transformarse para hacerle frente. La reforma judicial se está dando a la fuerza, como respuesta a las amenazas crecientes, aunque también como cristalización de algunas reformas anteriores.
Pero requiere apoyo y estrategia. Para que la nueva institucionalidad se mantenga, fortalezca y expanda en todo el sistema, se necesitan recursos. La aplicación del nuevo Código Procesal Penal para el complejísimo Caso Orellana, por ejemplo, requiere adecuar juzgados, como ha señalado Enrique Mendoza, presidente de la Suprema. Azabache, por su lado, recomienda concentrarse en pocos grandes casos como los arriba mencionados, en lugar de desperdigar el escaso presupuesto en la gran cantidad de denuncias que hay. Y la conversión de los policías a dedicación exclusiva, así como el fortalecimiento de las unidades de inteligencia, tampoco es gratis.
Se estaría alumbrando al fin un Estado de derecho en el territorio, sin el que la producción tampoco puede crecer indefinidamente. En los últimos 23 años la economía ha crecido pero la institucionalidad – salvo la relativa a la regulación económica – se ha descompuesto. Parece que llegó el punto de inflexión. Pues no es lo único: hay un movimiento masivo en varios órdenes. A lo anterior se suman la reforma del servicio civil, de la salud, de la educación, del presupuesto por resultados y la reciente aprobación de una unidad operativa para intervenir temporalmente gobiernos regionales (aunque hace falta mucho más para desfeudalizar el país).
De todo eso se ha dado cuenta Moody’s y nos ha subido dos escalones. Pero hay que subirlos realmente, y eso demanda apoyo político. En el tema judicial, la democracia sola reacciona y produce los cambios. Pero la democracia también produce los altos decibeles de la trifulca política que impiden ayudar, ocultan los avances y llevan a que nadie capitalice la popularidad que debería venir con las mejoras. Hay que sumar un poco más.
