Por: Fernando Rospigliosi, Analista político
El Comercio, 2 de febrero de 2019
El Comercio, 2 de febrero de 2019
La confirmación de la prisión preventiva para el suboficial de la Policía Nacional Elvis Miranda, en Piura, corrobora que el sistema judicial peruano está podrido y, lo peor, no se está haciendo mucho por cambiarlo. Porque la nueva Junta Nacional de Justicia (JNJ) que está a punto de crearse, si funcionara medianamente bien, apenas rozaría una parte del problema.
Miranda acudió al llamado de un ciudadano que había sido asaltado, persiguió a los malhechores y le disparó a uno de ellos que desacató la orden de alto y el disparo de advertencia. Para cualquier magistrado razonable, el policía actuó correctamente. Naturalmente, debe haber una investigación sobre el hecho, como siempre ocurre cuando hay un fallecido en una intervención policial. Pero de ahí a considerar a Miranda como presunto culpable de un delito grave y enviarlo a la cárcel mientras dura el proceso, hay un abismo que solo jueces y fiscales ineptos o corruptos pueden atravesar.
El asunto es que este no es, ni mucho menos, el único caso en que el sistema judicial resuelve de esta manera. Es un patrón de conducta: favorecer a los delincuentes y perjudicar a los policías o civiles que los enfrentan.
Al albañil Pedro Palacios lo atracaron dos delincuentes en Ate en el 2013 y le robaron el celular y 400 soles. Se defendió y de una pedrada mató a uno de los facinerosos. En enero de este año lo han condenado a cinco años de prisión. El cómplice del asaltante fallecido fue sentenciado a varios meses de trabajo comunitario, ni un día de cárcel.
El fin de semana pasado tres delincuentes asaltaron a un policía que estaba fuera de servicio y a su enamorada en Ayacucho. El policía Joel Martínez (22) los persiguió. Lo mataron de dos balazos y huyeron. Si hubiera sido a la inversa, si el policía hubiera estado armado y abatido a un delincuente, probablemente hoy estaría en la cárcel como su colega de Piura, pero estaría vivo.
Uno de los problemas son las leyes y los reglamentos, que sin duda hay que cambiar. Pero hay mucho más que eso. Un tema que no se puede soslayar es la presión sobre jueces y fiscales de parte de los medios de comunicación y la población de los lugares donde ocurrieron los hechos. (Ver Fernando Cáceres, “Presunción de culpabilidad”, El Comercio, 29/1/19).
Otro muy importante es el de la formación de los jueces y fiscales, que tanto en las universidades como en los cursos, seminarios y posgrados, son instruidos en dogmas tolerantes y complacientes con los delincuentes y severos e implacables con los que los enfrentan.
Por eso es importante difundir, enseñar e incorporar al ordenamiento legal la doctrina anglosajona del Castillo. La casa de una persona es como un castillo: el habitante tiene el derecho a presumir que el invasor, el asaltante, tiene la intención de causar daño, matar, robar, violar y tiene derecho a suponer que está armado. Por tanto, también tiene derecho a usar un arma. La víctima, el ciudadano que se defiende, tiene derecho a no rendirse y repeler la agresión. Si como resultado el agresor es abatido, el ciudadano está exceptuado “de cualquier sanción penal o civil, incluso si el delincuente no estuviera armado, lo que es imposible que la víctima pudiera conocer de antemano. […] En este sentido, para el derecho penal moderno, resulta inexistente el denominado exceso de defensa”. (Jorge Colunge, “La Doctrina del Castillo”, El Comercio 11/8/15. También “La legítima defensa”, 6/11/15). Esa situación es extensiva al vehículo, a la calzada por la que transita el ciudadano, etc.
Eso, por supuesto, es absolutamente diferente de lo que propugna el presidente filipino, Rodrigo Duterte, que incita a las fuerzas del orden a asesinar a presuntos delincuentes y estimula la formación de ‘escuadrones de la muerte’ que, al final, como muestra la experiencia, terminan como sicarios del crimen organizado.
La barbarie de Duterte y la política prodelincuentes que campea en el Perú son dos extremos a evitar. Es indispensable comenzar a revertir la situación de inacción y desmoralización de la policía y la ciudadanía que provocan las decisiones aberrantes del sistema judicial. ¡Esto tiene que cambiar! ¡Empecemos ahora!
Otrosí digo. Cuestionamientos importantes al acuerdo del fiscal José Domingo Pérez y el gobierno con Odebrecht se han hecho en los últimos días. Aldo Mariátegui calcula que la reparación civil a valor presente es de solo 281 millones de soles. (“Perú 21”, 29/1/19). Manuel Romero Caro observa que no se incluyen obras sobre las que ya se tiene evidencias de coimas no reconocidas por la empresa (“Gestión”, 28 y 30/1/19). Los involucrados y sus valedores deberían responder con argumentos y no con insultos.
