Pasada la primera mitad del gobierno se puede constatar que no se tiene claro hacia qué rumbo debe marchar el país. Luego de los tumultuosos primeros seis meses, con indefiniciones y reacomodos políticos, se tomaron ciertas guías referenciales de cómo conducir el gobierno que ayudan a que no nos desbarranquemos, pero que distan mucho de ser una visión clara del norte que debe tener el país en su ruta a la prosperidad. Existen cinco elementos centrales que grafican esta situación.
En primer lugar, el discurso político del gobierno es inconsistente e incoherente. No es un discurso sólido, articulado y claro (¿sabemos a ciencia cierta qué piensa el gobierno de la minería?), y es contradictorio tanto en el tiempo como respecto a las acciones políticas para lograr las metas planteadas (¿es Qali Warma un programa apropiado para combatir la desnutrición infantil?).
En segundo lugar, se confunden los medios con los fines. Bajo el pretexto de no discriminación se volvieron a reunir a todos los maestros, los que saben y los que no saben, en una sola escala remunerativa, impidiendo que se profundizara la reforma iniciada en el gobierno anterior. Al final, los aumentos de salarios se convirtieron en el objetivo político de corto plazo a costa de sacrificar el objetivo real, que es la calidad de la educación pública en el país. Otro ejemplo de esto tiene que ver con la función del Estado en la economía, que debería estar limitada a corregir las fallas de mercado y no al fortalecimiento de empresas públicas, como si eso fuese un fin en sí mismo.
En tercer lugar, las reformas implementadas han sido imperfectas, porque se copian modelos externos sin reconocer las peculiaridades de la realidad peruana (como es el caso de la reforma de pensiones, que sí funciona en Chile porque no hay un sistema público) o porque se dejan de lado aspectos sustanciales (como la simplificación en el caso de la reforma tributaria para focalizarse solo en la fiscalización). Mientras que las reformas y políticas verdaderamente importantes para el crecimiento –avanzar en la flexibilización de los mercados de bienes y servicios y de factores productivos, la atracción de inversión y la consolidación de grandes proyectos catalíticos– son dejadas de lado. Si no, veamos lo que está pasando en el mercado laboral, la creciente sobrerregulación en casi todos los sectores, las indefiniciones en Conga o el proyecto del gasoducto del sur.
En cuarto lugar, no se tiene claro el contexto político global al momento de implementar cambios. Se carece del sentido de la oportunidad política porque no se tienen claros los objetivos de largo plazo. Un buen ejemplo de esto es el reciente aumento salarial bajo la excusa de la reforma del servicio civil. Si bien es cierto que la medida implementada en el gobierno del presidente García generó una serie de problemas para retener talento en la administración pública –a pesar de que existían excepciones para contratar a expertos y especialistas remunerándosele por encima del límite fijado–, esta fue una medida que en su conjunto cumplió dos grandes objetivos. Primero, fue un mensaje de austeridad y de vocación de servicio de las altas autoridades en un momento de desgaste de la institución presidencial por la frivolidad, derroche y excesos de gasto público en el gobierno del presidente Toledo. En segundo lugar, permitió una gran palanca política para poder implementar la reconversión del gasto público, racionalizando y limitando el crecimiento del gasto en sueldos y salarios e impulsando la inversión pública. Si bien es cierto que era una medida de carácter temporal y que eventualmente tenía que revertirse, la manera de hacerlo y el hecho de que haya sucedido cuando se enfrentan presiones por aumentos salariales en todos los estamentos del Estado ha significado que una buena medida sea muy mal percibida por la población y que pueda tener contingencias fiscales futuras por las mayores presiones de gasto.
Finalmente, lo que más preocupa es que parecería que no existiesen convicciones democráticas. Los gobiernos autocráticos con formas democráticas se caracterizan principalmente por cuatro cosas: persecución a los rivales políticos, control o amedrentamiento a los medios de prensa, control de los poderes del Estado y políticas económicas populistas. Existen variantes en el proceso de implementación de estas medidas, con mayor intensidad en unos casos, pero el final siempre será el mismo: un país mirando al abismo.
Publicado en El Comercio, 18 de febrero de 2014.
