Por: Jaime de Althaus, Periodista y antropólogo
El Comercio, 20 de diciembre de 2019
Hace tiempo que la persecución fiscal en los casos de aportes de campaña parece haber perdido el rumbo y la razón. Ahora lucha ardorosamente contra molinos de viento a quienes confunde con malignos monstruos. Tal es el caso, por ejemplo, de la ONG Reflexión Democrática, súbitamente sospechosa de ser una organización dedicada a la canalización de fondos de origen ilegal hacia candidatos de otra organización criminal, la peor de todas: Fuerza Popular (Fuerza 2011).
Ha llegado al extremo de interrogar por cerca de 4 horas al magistrado de Tribunal Constitucional José Luis Sardón, por haber sido parte de esa siniestra ONG. ¿Por qué a Sardón y no a otros miembros del consejo directivo como Milagros Campos, Roque Benavides, Fernando Villarán y Javier Tantaleán (fallecido), una composición, dicho sea de paso, claramente plural? ¿Venganza por haber votado a favor del hábeas corpus interpuesto por la hermana de Keiko Fujimori o un intento sibilino de deslegitimar esa decisión?
Trato de imaginar cuáles son las razones para involucrar a Reflexión Democrática en la investigación, y mi imaginación se agota infructuosamente. El gran fiscal ha explicado que esa asociación canalizó dineros de empresas y de la Confiep a la campaña de candidatos fujimoristas. ¿Y? ¿Cuál es el problema? ¿Por dónde asoma el delito?
En el reino de las alucinaciones, el gesto más inocente puede ser transformado en una acción criminal. Lo bueno se convierte en malo. El experto José Elice, exdirector ejecutivo de Reflexión Democrática, y el propio Sardón han explicado que la idea era formar un fondo donado por empresas para apoyar buenos candidatos de todos los partidos, de modo que los candidatos beneficiarios no supieran qué empresas los financiaban –eliminando cualquier posibilidad de reciprocidad–, exactamente lo que muchos hemos recomendado siempre. Es decir, una buena idea.
Para seleccionar a los candidatos favorecidos se convocaba a todos los partidos a un concurso abierto. Quien escogía a los ganadores era un jurado formado por los rectores de cuatro universidades. En el 2011 el jurado estuvo conformado por los rectores de las universidades San Marcos, Lima, Pacífico y UPC. Mejor, imposible. Este cuerpo seleccionó a 23 candidatos, de los cuales 8 fueron de Fuerza 2011.
Sardón ha tenido que defenderse diciendo que él no escogió a los beneficiarios, sino el jurado de rectores. ¿Y cuál es el problema con los seleccionados, políticamente diversos? ¿Y aun si él hubiera participado en la selección –plural–, cuál es, nuevamente, el problema? Como en los juicios estalinistas, se le quiere hacer admitir una culpa que no existe y se le pone a la defensiva.
Reflexión Democrática era un caso virtuoso. Los empresarios, en lugar de apoyar por lo bajo a candidatos, acaso buscando facilidades futuras, aportaron a un fondo colectivo para apoyar de manera transparente a candidatos seleccionados por un jurado independiente e incuestionable. Apoyo que incluía una capacitación intensa brindada por los mejores especialistas del país en diversos campos en un retiro de tres días en Chaclacayo. Esa fórmula, elevada incluso a nivel de candidatos presidenciales, debería ser institucionalizada, no perseguida.
Estos fiscales están destruyendo el escaso capital social y político del país
