Por: Jaime de Althaus, Periodista y antropólogo
El Comercio, 29 de noviembre de 2019
Las revelaciones de aportes empresariales secretos a campañas electorales son usadas por algunos como munición adicional contra el modelo económico. Pero, en realidad, es lo contrario. Esas prácticas –en la medida que buscan acceso preferencial a los dones del Estado– son un remanente del modelo proteccionista e intervencionista anterior, donde los ingresos de las empresas dependían más de alguna ventaja otorgada por el gobierno que de la preferencia de los consumidores en un mercado de libre competencia. Era vital estar bien con el gobierno. El famoso mercantilismo.
Pero son inaceptables en una economía de mercado porque son incompatibles con ella. Interfieren en el libre juego de la oferta y la demanda. En una economía de libre mercado las reglas son iguales para todos y no hay favoritismos estatales ni privilegios de ninguna clase.
Por eso, han sido aplaudidas las intervenciones de las presidentas de IPAE y de la Confiep en CADE, rechazando claramente las aportaciones no transparentes y exigiendo definiciones y actitudes claras, aunque la amenaza chavista fuera una motivación de otro orden. El empresariado tiene que tener legitimidad en una democracia de mercado.
Pero no basta con expresiones de compromiso y decisiones personales. Ni se trata tampoco de pasar a una actitud abstencionista frente a la política. Varias presentaciones –Damper, Alicorp, InRetail Pharma– pusieron énfasis en la nueva filosofía de sostenibilidad social y ambiental, valor compartido e innovación que ahora profesa un número creciente de empresas, y eso está muy bien, es un gran avance, pero el compromiso tiene que ir más allá, ya no con partidos políticos o candidatos, sino con el aporte sustancial a think tanks o centros de pensamiento que alimenten la discusión pública con diagnósticos y propuestas de solución a los principales problemas del Estado y la economía.
El lema de esta CADE, “Una economía de mercado para todos”, no se cumple porque se ha restablecido desde hace ocho o diez años un intervencionismo de baja intensidad que siempre favorece a los más grandes y consolida la expulsión a la informalidad de los más. Es hora de que el empresariado se compre de a verdad ese pleito.
Un sector privado no mercantilista tiene que desarrollar una visión integradora. Si el empresariado se propone asumir su papel de élite, de clase dirigente –no dominante– como decía Basadre, tiene que dar el salto del apoyo político particular al apoyo a la gran política nacional, a la discusión de la ‘polis’, a la construcción del país.
En esa línea, ha sido muy importante el informe de Empresarios por la Integridad que se formó hace un año precisamente en CADE y que ya ha otorgado rigurosos certificados antisoborno –muy difíciles de obtener– a 13 empresas grandes y hay 27 en la cola. Se espera llegar a 200 empresas en 3 años que, a su vez, certifiquen a empresas proveedoras medianas y pequeñas. Es evidente que si este movimiento adquiere fuerza de arrastre, puede terminar erradicando la cultura de la corrupción en el Perú. Esa ha sido una gran noticia.
Esa ha sido la mejor manera de comenzar el proceso de conversión de la clase empresarial en clase dirigente.
