Jaime de Althaus
Es asombrosa la similitud entre los planes de gobierno de Juntos por el Perú (Verónika Mendoza) y Acción Popular (Yonhy Lescano). Ambos propugnan una nueva Constitución para cambiar el capítulo económico y por la misma razón: que ha generado más pobreza o ha mantenido a las mayorías en ella (cuando la pobreza se ha reducido de más de 60% a inicios de los 90 a 20% el 2019).
Ambos postulan dejar de lado el principio de subsidiariedad, para que el Estado asuma nuevas funciones económicas, como una gran banca de fomento, por ejemplo (que ya sabemos qué resultados ha tenido).
Ambos proponen una economía menos “dependiente” y con mayor valor agregado. JP lo frasea en términos de una “nueva matriz productiva” planificada ecológicamente, y AP lo hace de una manera aún más radical: “desglobalizar la economía” para fortalecer el aparato productivo nacional. Algo que JP expresa en términos de “recuperar la soberanía nacional sobre los recursos naturales” (justo cuando necesitamos nueva inversión minera). Planteamientos que suponen un Estado planificador e intervencionista.
Ambos planes proponen un impuesto a la riqueza o a las grandes fortunas. Son los únicos que lo hacen, pese a que el país requiere inversión a gritos.
También coinciden en la propuesta de regular (controlar) las tasas de interés de los bancos, sin percatarse que podrían dejar sin crédito a los micro y pequeños empresarios, a quienes dicen defender. Acción Popular va más allá y anuncia “determinar los precios de los medicamentos según promedios de países con economías de mercado comparables”. El retorno a los controles de precios, cuyos efectos ya conocemos.
Verónika Mendoza tiene una retórica más ideológica y Lescano un tono más populista, pero ambos van a lo mismo: más regulación e intervención estatal en la economía, justo cuando lo que se necesita es más libertad económica para que los emprendimientos se recuperen y haya más inversión. Cometen el mismo pecado socialista de siempre: ignorar que quien genera los recursos fiscales para dar servicios públicos de salud, educación, seguridad e infraestructura, son las empresas privadas. Y que entonces no hay contradicción entre lo privado y lo público.
En nuestro país el crecimiento acelerado hizo que el presupuesto de la salud pública se multiplicara por 7 en términos reales en los últimos 20 años. La población afiliada a algún seguro de salud pasó de 37% el 2004 a 78% el 2019 (INEI), lo que implicó un progreso social importante, pero se gastó tan mal y con tanta corrupción que el servicio no mejoró en la misma proporción. Entonces, si el Estado no ha sido capaz de usar bien los mayores recursos que ha tenido para cumplir las funciones que la Constitución sí le da, ¿le vamos a encargar más funciones aun? Que haga bien lo que tiene que hacer.
Sorprende el vuelco a la izquierda de Acción Popular. En los 60 los socialistas Gustavo Mohme y Edgardo Seoane no pudieron cambiar la línea del partido porque Fernando Belaunde gravitaba. Ahora, quienes defendían su mensaje tiraron la toalla. Una lástima que una doctrina constructiva haya degenerado en propuestas demagógicas que solo llevarían al abismo económico y social.
