Por: Elmer Cuba, Socio de Macroconsult
Gestión, 14 de noviembre de 2018
Un policía le pide a un conductor una propina en cualquier esquina de cualquier ciudad del país. Un médico se lleva en el mandil parte de la dosis de un enfermo de un hospital público. Un director de UGEL cobra por un traslado de un profesor que busca trabajar en un distrito donde vive su familia. Un fiscal pide dinero para rebajar una demanda en un caso penal, un juez hace lo propio en una etapa más avanzada del proceso judicial.
Un alcalde cobra el 10% de la obra a la empresa constructora; lo propio es realizado por un gobernador regional. Un presidente de la República cobra por facilitar una megaobra a una empresa brasileña. Un empresario evade el pago del IGV e Impuesto a la Renta al tener una doble contabilidad.
La corrupción es un comportamiento extendido en el sector público. Desde montos millonarios por grandes obras públicas hasta pequeños pagos para “agilizar” un trámite burocrático.
Todos estos actos tienen mucho en común. Los recursos económicos son transferidos de fondos públicos a burócratas corruptos o desde usuarios de servicios públicos hacia burócratas corruptos. En el primer caso, con alguna participación de empresas privadas o personas particulares.
Estos actos de gran corrupción y microcorrupción son realizados por miles de personas, son conductas repetidas y, en general, quedan impunes, salvo alguna excepción.
En esta especie de equilibrio entran los beneficios esperados de la corrupción y los costos esperados, que toman en cuenta el riesgo de detección y sanción. Si los beneficios esperados netos son positivos, los actos de corrupción se mantienen. Si se hacen nulos, se espera que solo sean cometidos por amantes al riesgo o agentes que sufren miopía intertemporal.
Existen decenas de alcaldes y gobernadores regionales encontrados en actos de corrupción que están en las cárceles del país pagando sus penas. Y sin embargo, los actos de corrupción se siguen cometiendo. Tal vez, porque el costo de oportunidad de estar en la cárcel 5 a 10 años es menor que los millones de soles acumulados ilícitamente. De allí la importancia de la efectividad de la ley de pérdida de dominio.
El presidente Vizcarra se ha fortalecido ante la opinión pública por su postura ante los otros dos poderes del Estado. En concreto, por su discurso anticorrupción y por su opción por la no reelección de los congresistas. Sin embargo, el camino es largo y difícil para comenzar a ganar la guerra contra la corrupción. Está enraizada en muchos ámbitos del sector público y al enfrentarla frontalmente despertará núcleos opositores en esos ámbitos.
La corrupción muta, se adapta. Se necesitan buenos diagnósticos cualitativos y cuantitativos para proceder con el diseño un conjunto de políticas más potente que las actuales, porque al parecer la corrupción ha crecido en paralelo con la actividad económica.
Luego del referéndum esperamos que parte del poder político acumulado por el Ejecutivo se utilice para enfrentar la corrupción más allá del discurso. La corrupción, además de ser un delito, corroe la credibilidad del ciudadano en la democracia y en la República misma.
