Jaime de Althaus
Hay que reconocer que el gobierno de Sagasti carece de los prejuicios contra el sector privado que llevaron a Vizcarra a una estrategia fallida contra la pandemia. Conociendo que el plan de vacunación planteado en un DU aprobado en octubre no funcionaba, y que no se había contrato alguno para adquirir vacunas, convocó a Carlos Neuhaus, que venía formando parte del informal “comando vacuna” privado que no era tomado en cuenta, y le encargó la creación de la secretaría técnica de apoyo a vacunación, apoyada ad honorem por personas del sector privado.
Si no hubiera sido por esa Secretaría, no tendríamos vacunas en este momento. En vista de que el Estado no encontraba la manera de traer las vacunas de China –se requería licitación y diversos trámites que hubiesen demorado tres meses-, Neuhaus movilizó a la ONG “Soluciones Empresariales contra la Pobreza” que reunió donaciones de diversas empresas para fletar el avión que trajo las 300 mil dosis y al que traerá las restantes 700 mil.
El transporte aéreo y la cadena de frío complementarios a los del Estado para la distribución de vacunas a nivel nacional también serán aportados a título gratuito por empresas privadas. Por fin vemos un esfuerzo conjunto público-privado. Faltaría incluir a 5 mil farmacias como puntos de vacunación.
Y faltaría incorporar la ofrecida logística privada en una potenciación agresiva de la Operación Tayta para identificar y aislar infectados con pruebas moleculares masivas, y también para la distribución de canastas de alimentos a poblaciones vulnerables mientras haya cuarentena. La prueba molecular rápida de la Cayetano, más barata y fácil de aplicar, debió estar disponible en octubre, pero recién saldrá por las trabas de siempre. Y como no hay presupuesto sino hasta marzo para comprar alimentos, se está pidiendo donaciones a empresas privadas también.
Pero faltaría que el propio Estado se organice bien. Lo que tenemos ahora son esfuerzos desconectados: el MINSA a cargo del plan de vacunación (con la asistencia de la mencionada Secretaría), el Ministerio de Defensa a cargo del Plan Tayta y de la futura repartición de canastas de alimentos, y el MIDIS a cargo de la distribución de bonos (que recién saldrían el 17) y de los comedores y ollas populares.
Todo eso debe tener un manejo centralizado con una sola estrategia, una sola lógica, un solo padrón –georreferenciado-, porque se trata de acciones complementarias. Es una guerra. Tiene que haber un comando único (público-privado) y procedimientos expeditivos, distintos a los normales. Ya tenemos casi un año y no lo hemos hecho.
Pues subsisten trabas irracionales. La dramática escasez de oxígeno podría ser paliada liberando la importación de equipos concentradores de oxígeno domésticos. Muchos se enferman y mueren en sus casas por falta de oxígeno. En lugar de comprar diariamente un pesadísimo balón de 100 kilos que no existe, las familias podrían tener esos equipos. Pero solo pueden ser traídos por droguerías registradas que tienen que pedir permiso a la Digemid, que el 2020 solo aprobó la importación de 220 equipos. Es una barrera burocrática de efectos mortales. Debe ser eliminada en el acto, permitiendo la libre importación.
Unificar esfuerzos en una sola estrategia público-privada. Esa es la solución
