Jaime de Althaus
Es muy grave lo que ha pasado con la agroexportación porque se le ha disparado una bala debajo del ala al sector más dinámico y empleador formal del país. Si cayó una actividad que pagaba mejor que el promedio y con derechos, podemos imaginar qué podrá pasar con la minería por ejemplo, que ya soporta un bloqueo de más de 20 días en el corredor minero, algo que se ha vuelto casi normal. El Ejecutivo tiene que observar la ley, si no queremos perder todas las locomotoras del crecimiento nacional.
Los grandes agricultores sobrevivirán, pero difícilmente seguirán invirtiendo, o le comprarán sus tierras a los pequeños y a algunos medianos, que no podrán soportar los nuevos costos. Algunos cultivos (espárragos, arándanos, granada) desaparecerán. Se perderán cientos de miles de empleos formales.
Lo mismo con la ley que pone topes a las tasas de interés, que deja sin crédito formal a los pequeños, arrojándolos a manos de agiotistas que les cobrarán el alma.
Son leyes, como escribí la semana pasada, que agravan las desigualdades y el dualismo estructural del país. Y lo hacen inviable, porque no son las únicas. Casi todas las que ha aprobado el Congreso tienen ese componente excluyente. Allí está la ley que regala nombramientos y ascensos automáticos en Salud y Essalud, felizmente declarada inconstitucional por el TC, que enquistaba una burocracia privilegiada sin obligaciones ni meritocracia en perjuicio de las grandes mayorías que requieren un servicio de salud digno. Lo mismo con la que dispone nombrar todos los CAS. No será posible construir un Estado al servicio del ciudadano con esas normas.
Algún candidato a la presidencia tiene que encarnar y defender los intereses de los pequeños y medianos agricultores, avicultores, ganaderos, acuicultores y forestales, de los trabajadores formales del agro que perderán su empleo, de los micro y pequeños empresarios que no podrán acceder al crédito bancario, de los millones de usuarios de la salud pública y de los servicios del Estado en general condenados a un servicio despectivo o inexistente, del país en su conjunto ante leyes que están desmontando pieza por pieza el modelo que nos permitió crecer.
Porque el 2020 no solo está dejando al próximo presidente un país sin futuro económico y social, sino que ha revelado las fallas de las reglas de juego de una democracia que solo representa los intereses de grupos organizados predadores. Mientras no tengamos distritos uninominales que permitan que los congresistas recojan la voz de los no organizados, y partidos serios con think tanks, solo queda ahora que el presidente de la república o candidatos representen los intereses reales pero difusos de las mayorías. Pero el presidente Sagasti no lo está haciendo.
El desastre del último quinquenio demostró que las reglas de juego de nuestra democracia tampoco garantizan la gobernabilidad, algo que se prolongará el próximo quinquenio si los candidatos no son capaces de firmar un acuerdo de cooperación sobre puntos básicos que devuelvan un rumbo claro y que detengan esta entusiasta carrera al abismo.
