No cabe duda de que la actitud del fujimorismo frente al gobierno ha cambiado luego de la denegatoria del indulto a Fujimori. Ha dejado de lado la oposición relativamente constructiva que mantenía y ha pasado a oponerse incluso a las iniciativas positivas que el gobierno propone. Tal ha sido el caso de su votación contraria a la Ley del Servicio Civil, una reforma fundamental para la construcción de un Estado moderno y meritocrático cuya necesidad es evidente para cualquiera que carezca de intereses creados.
Puede entenderse que la CGTP y los sindicatos estatales se opongan a la reforma, y eso hasta cierto punto y con algún costo político para ellos porque el nuevo régimen meritocrático trae mejores remuneraciones y más beneficios sociales. Pero lo que es incomprensible es que un partido político se ponga del lado de un grupo de interés particular en lugar de identificarse con el interés general, con los usuarios del Estado, que son las grandes mayorías menos favorecidas.
Por eso, incluso desde el punto de vista del cálculo político, es algo que no tiene sentido ni explicación, salvo que la negación del indulto haya alterado severamente la capacidad de análisis de los estrategas fujimoristas. Los tuits propalados el miércoles por Keiko Fujimori sugieren que ella cree que halagando a los sindicatos tendrá más votos en el 2016. Pero es al revés: es obvio que una ley como esta tiene que ser muy popular porque la gente detesta el abuso del Estado con sus trámites kafkianos, la extorsión de sus coimas, su ineficiencia clamorosa, su arbitrariedad insensible (aunque hace falta difundir la ley para que pueda recoger este sentimiento).
De hecho, una encuesta de Ipsos Perú revela que el 91% está de acuerdo con que los empleados públicos asciendan según su mérito y desempeño, y un 74% que puedan ser despedidos luego de desaprobar dos evaluaciones consecutivas.
Lo que es increíble es que al ponerse del lado de la burocracia y no de los usuarios del Estado, el fujimorismo olvida y traiciona a su base electoral fundamental, conformada por los sectores populares emergentes que son quienes más necesitan servicios estatales eficientes para salir adelante y quienes tienen que esconderse en la informalidad para huir de los esquilmadores del Estado.
De hecho, según reciente encuesta de GFK, el 62% de los simpatizantes del fujimorismo está en los sectores D y E, y la aprobación tanto de Keiko Fujimori como del gobierno del ex presidente Fujimori es mucho más alta en los sectores D y E que en el A/B. El fujimorismo pudo despertar la demanda tácita de las mayorías por un Estado servicial en lugar de defender el statu quo.
Incluso pudo haber reclamado la autoría del inicio del proceso de modernización del Estado peruano, con la reducción de su papel intervencionista y empresarial, la derrota absoluta del Sutep, la creación de las llamadas “islas de excelencia” –BCR, Sunat, reguladores, Indecopi, Foncodes, etc.–, para capitalizar esta reforma como la continuidad y generalización de un proceso iniciado en los 90. Pero hasta de eso se han olvidado.
Publicado por El Comercio, 5 de julio del 2013
