Sergio Urzúa, Profesor de la Universidad de Maryland e investigador de Clapes-UC
El Comercio – Portafolio, 31 de enero de 2016
América Latina envejece velozmente. Si la esperanza de vida al momento de nacer en la región era 67 años en el 1990, hoy supera los 74 años (el promedio mundial es 71). Mientras solo el 6,8% de los latinoamericanos tenía más de 65 años en el 2010, las proyecciones sugieren que el porcentaje será cercano al 20% en el 2050. Notables avances producto de la combinación del mayor acceso a servicios de salud, particularmente entre los más vulnerables; políticas de prevención y tratamiento de enfermedades, mejor nutrición y avances en las tecnologías médicas.
Sin embargo, ¿están los países conscientes de lo que implica el fenómeno? Probablemente no. Es que el envejecimiento de la población es uno de esos temas que requiere algo que históricamente ha sido esquivo para América Latina: una visión de largo plazo en el diseño de políticas públicas. Por eso, ante el inminente arribo de la colosal ola del tsunami de adultos mayores que pronto nos golpeará –hasta ahora solo hemos presenciado leves aumentos en el nivel del mar–, la cuestión no es si serán o no necesarios cambios en las políticas sociales y económicas, sino cuán traumáticos, improvisados y políticamente oportunistas estos serán.
Y las sirenas que alertan de iniciativas con tales características ya han comenzando a tronar. ¿Dónde? En las “re-reformas” a los sistemas de pensiones que emergen con fuerza en la región.
Para entenderlas, algo de historia. En las últimas décadas, muchos países de la región implementaron reformas estructurales en el ámbito de las pensiones (ejemplos son Chile en 1981, el Perú en 1992, Colombia en 1993). ¿Principal motivación? Resolver el insostenible e ineludible déficit asociado a los históricos sistemas de reparto, siendo entonces el desafío el diseño de regí- menes previsionales financieramente sustentables y que asegurasen ingresos durante la vejez. Así, unos más y otros menos, los países apostaron por el ahorro forzoso para la pensión, con cuentas individuales administradas profesionalmente y, en la medida de lo posible, blindadas de la tentación natural del Estado por echarles mano en caso de necesitarlos (“el botín”).
Y a los cambios originales se fueron sumando mejoras en el tiempo. En tal sentido, el caso de Chile es ilustrativo. El país ha ido reformando y modernizando en democracia, el modelo implementado en dictadura. Un hito importante de este proceso fue la reforma del 2008 que complementó el régimen de cuentas individuales con un pilar solidario de pensiones, otorgando beneficios de vejez a personas vulnerables, atendiendo algunos de los problemas de incentivos que esto naturalmente conlleva (¿para qué cotizar, si el Estado me asegura pensión?). Más recientemente, una comisión asesora presidencial (2014-15) planteó la necesidad de continuar con la modernización del sistema, descartando de plano la opción de volver a un sistema de reparto, una señal de que el debate técnico en Chile no ha sido (por el momento) contaminado por el populismo previsional que tan fértilmente se da en esta parte del mundo.
Lamentablemente, no todos los países han estado inmunes al virus. Argentina (estatización de cuentas individuales y retorno a un sistema de reparto en el 2008), Brasil (generosísimo sistema público que deja el gasto en seguridad social en torno a un increíble 10% del PBI) y más reciente El Salvador (reforma “refundacional” que tarde o temprano significará inmensas obligaciones financieras para el Estado) son vivos ejemplos de la facilidad con que la clase política abandona los criterios técnicos en el debate de las pensiones. En algunos de estos casos, el botín que implican los fondos en cuentas individuales, que pueden representar más del 20% del PBI, ha sido demasiada tentación para muchos países.
El contagio peruano
Y si alguien pensaba que el Perú estaba ajeno a dicha tendencia, basta abrir las páginas de los periódicos para probarse equivocado. Es que no hay otra forma de interpretar, por ejemplo, la decisión de diciembre pasado del Parlamento de dar la opción de retirar hasta el 95,5% de los fondos de pensiones a los 65 años. La medida implica terminar con el componente de seguro del sistema de previsión, poniendo en jaque el régimen completo. ¿O alguien creerá que la clase política será inmune a las presiones de adultos mayores que, después de haber agotado sus ahorros, demanden asistencia del Estado? Por eso la pregunta no es si la idea significará mayores obligaciones para el fisco, sino quién se hará cargo de estas.
Algo similar ocurre con la cantinflesca propuesta de hacer el aporte previsional voluntario (¿hay algo peor que debatir de pensiones en el contexto de una elección presidencial?). Quizás la idea sea bajar los brazos ante las dificultades de incentivar la contribución obligatoria, cediendo así a la informalidad que caracteriza al mercado laboral peruano (solo dos de cada 10 trabajadores contribuyen a la seguridad social). ¿Será la expansión de Pensión 65 la opción para quienes voluntariamente no ahorren para la vejez? Pero de ser así, ¿quién lo financiará?
No cabe duda. Es necesario revisar periódicamente los sistemas previsionales y el Perú no es una excepción. La integración del sistema público con el de cuentas individuales, la promoción de la competencia entre las AFP, la educación financiera de la población, el desarrollo de un pilar solidario (¿Pensión 65?), la generación de incentivos que promuevan la formalización, la revisión de las edades de jubilación, son todas materias que requieren atención. Pero cualquiera sean las medidas, hay que tener claro que más cobertura y mayores pensiones implican mayores niveles de impuestos, ya sea implícitos o explícitos, hoy y/o mañana.
Por eso, ante la arremetida del populismo previsional en América Latina la pregunta es una sola: ¿quién pagará los costos? Si no es esta generación, será la siguiente. Es que la aritmética previsional es implacable. Que no pasen gato por liebre.
