Por: Diego Macera, Gerente General del Instituto Peruano de Economía (IPE)
El Comercio, 14 de febrero de 2019
Noticias frívolas hay en todo el mundo. Notas de prensa sobre asuntos menores que interesan, por lo general, solo a una minoría con acceso a lugares y servicios exclusivos. En el Perú, el reporte de la inauguración de un nuevo local en el bulevar de Asia o el cierre de una pequeña calle cercana al Golf de San Isidro pueden demandar más atención en algunos medios que temas de coyuntura nacional. Ello no quiere decir que esas coberturas periodísticas no importen, pero sí que su relevancia para la gran mayoría de peruanos es muy limitada. Son noticias para una minoría privilegiada.
Lo interesante es que, sin darnos mucha cuenta a veces, tratamos los asuntos nacionales supuestamente más importantes, generales e inclusivos de manera similar. Un ejemplo claro es la reciente conversación general sobre la caída de los fondos de las AFP durante el año pasado. Por la cantidad de titulares, columnas de opinión y espacios televisivos y radiales, cualquiera pensaría que se trata de los ahorros previsionales de todos los peruanos. La verdad es que, en un mes cualquiera, solo 3 millones de los casi 17 millones de peruanos que trabajan aportan a una AFP. Entre el 80% de peruanos de menores ingresos, la tasa de afiliación no llega al 30%. ¿Quiere decir esto que no importa lo que pase con las AFP? No, por supuesto que importa, pero sí quiere decir que este es un debate que le es directamente relevante a una minoría compuesta, en buena parte, por las personas menos necesitadas del país. El problema con el sistema previsional privado –y lo que se debería estar debatiendo– no es que pierda plata (de hecho, no lo hace; en promedio de largo plazo es más rentable que cualquier depósito a plazo fijo), sino que es ajeno a la gran mayoría.
Lo mismo pasa cuando nos enfrascamos en grandes debates nacionales sobre las regulaciones y beneficios laborales para los empleados formales. Hablamos constantemente de vacaciones, sobrecostos, salario mínimo, el derecho a no ser despedido y los asientos ergonómicos requeridos por Sunafil, cuando la verdad es que a casi el 80% de trabajadores –informales e independientes– esto le es absolutamente irrelevante. Aquí es incluso más grave, porque son precisamente estas regulaciones y beneficios los que en parte impiden que más gente acceda a la formalidad. Pero no faltan quienes levantan banderas para –en nombre de la inclusión– defender los beneficios de una minoría formal que en promedio gana S/2.400 al mes, mientras la mayoría informal queda fuera del debate nacional ganando en promedio S/908. Lo que sucedió con la llamada ‘ley pulpín’, en la que varios defendían los beneficios de apenas ese 10% de jóvenes que trabajan formalmente a costa de excluir al otro 90%, fue paradigmático.
Otro caso. Cuando hablamos de provisión de agua urbana a través de las EPS, de las tarifas, de la calidad del agua y de los riesgos de aniegos como el de SJL, dejamos de lado el verdadero problema de la EPS: su ausencia en las zonas más pobres y la falta de servicio en hogares que sí tienen conexión, pero no agua (según Sunass, la continuidad es de 16 horas al día en promedio, aunque la cifra está probablemente sobrestimada). Como en las anteriores situaciones, aquí el reto principal es la inclusión en el sistema.
¿Por qué no enfocamos algunos temas desde una perspectiva más inclusiva? Una explicación puede ser que aquellos que tienen voz en el debate (periodistas y políticos, por ejemplo) pertenecen a la minoría ya incluida, lo que sesga su mirada. Otra explicación pasa por la complacencia política a la que algunos sistemas ineficientes y excluyentes están anclados. Sea como fuere, lo cierto es que, en el Perú, aún cuando tratamos de hablar de los grandes temas nacionales, en realidad seguimos cayendo en esa obsesión por los ya privilegiados.
