Por: Oswaldo Molina
El Comercio, 24 de agosto de 2021
A casi un mes del inicio de este gobierno, me permito reflexionar sobre tres aspectos que creo que deben guiar la política pública en el Perú en los siguientes meses.
Una verdadera revolución. A todos los peruanos de bien nos duele profundamente que muchos de nuestros compatriotas vivan en estado de pobreza. Las duras condiciones de vida que deben soportar demandan de todos nosotros compromiso y acciones concretas. A diario se repiten escenas de hombres y mujeres que deben caminar un largo trecho para obtener agua de los camiones cisternas para sus viviendas, de padres que no consiguen medicinas en las postas médicas o de niños que no logran en las escuelas públicas la educación que les permita avanzar en sus vidas. Definitivamente, debemos cambiar esta situación. Algunos creen que, para hacerlo, se requiere “cambiarlo todo”. Pero, ¿esa es realmente la revolución que requieren los peruanos? ¿Por qué no pensar que quizás en gran medida lo que verdaderamente necesitan los peruanos más vulnerables para mejorar su bienestar es un Estado que los acompañe y les brinde, a través de servicios públicos de calidad, las oportunidades que no tienen? ¿Esa no sería acaso una verdadera revolución?
Para entender mejor este punto, veamos el caso concreto del agua y saneamiento en el país. Como señala Videnza, al 2019, aproximadamente 2,5 millones de personas en el ámbito urbano y 5 millones en el ámbito rural no contaban con acceso a servicios de saneamiento. Para cerrar la brecha en agua y saneamiento, se necesitaba alrededor de S/49 mil millones. Pues bien, a pesar de que, entre el 2017 y el 2019, se invirtió el 35% de lo necesario para cerrar dicha brecha, solo se ha tenido avances de 13% en agua y 8% en saneamiento. ¿Por qué ocurre esto? Ineficiencia y corrupción forman parte decididamente de la respuesta. Algo semejante ocurre en sectores como educación y salud, en donde el presupuesto se ha triplicado en los últimos diez años, pero cerca de cuatro de cada cinco postas médicas y la mitad de las escuelas tienen infraestructura inadecuada. El problema de fondo es que, a pesar de que la economía ha generado los recursos para mejorar las condiciones de vida de los peruanos, estos no han sido empleados adecuadamente. Quizás la verdadera revolución se encuentra entonces en la construcción de un Estado capaz de usar eficientemente y sin corrupción estos recursos en beneficio de los más pobres. Convendría, más bien, enfocarse en mejorar la capacidad estatal en las áreas que ya se vienen gestionando y que impactan directamente en el bienestar de las personas, antes que pensar en qué nuevas áreas debe intervenir el Estado (todavía recuerdo, por ejemplo, la propuesta de una aerolínea de bandera). Y este cambio generaría resultados concretos en la vida de los peruanos: menos hombres y mujeres que deben buscar el camión cisterna y más niños que aprenden en escuelas con infraestructura de calidad.
Funcionarios públicos idóneos. Solo entendiendo la magnitud del problema que representa para los peruanos las pocas capacidades de nuestro Estado es que se comprenderá lo importante que es contar con funcionarios públicos idóneos. En ese sentido, resulta fundamental contar con personas capaces, probas y con experiencia, que lideren los diferentes estamentos del Estado. Lamentablemente, las primeras designaciones del Gobierno no parecen ir en esa dirección, con nombramientos en los que abundan personas cuestionadas, con denuncias o poca experiencia. A esto se le debe sumar el anuncio de reducir los salarios de los principales funcionarios del Estado. Como nos recuerda el Anticorruption Resource Centre, los bajos salarios en los gobiernos de los países en desarrollo no solo se relacionan con una menor eficiencia del aparato estatal, sino también con mayores niveles de corrupción. Es decir, agrava justamente los dos principales problemas de los que adolece nuestro endeble Estado.
Políticas públicas basadas en evidencia. Una medida de política pública errada puede tener enormes consecuencias negativas sobre la vida de los peruanos, en especial de los más necesitados. Para definir qué políticas se deben llevar a cabo y cuáles no, es fundamental contar con un diagnóstico correcto de la problemática, así como disponer de acciones concretas de las que se tenga evidencia sobre sus resultados positivos. Desarrollar políticas públicas basadas en evidencia es la única forma que tenemos de asegurarnos que los recursos públicos generarán efectivamente los resultados esperados (por ejemplo, políticas sociales que logren reducir la pobreza de manera acelerada). Lamentablemente, el Perú de la década de 1980 fue un laboratorio de políticas erradas. Mucha de la reducción de bienestar de las familias peruanas, cuyos remanentes sufrimos hasta hoy, se gestaron en ese período de irresponsable manejo económico. Debemos decididamente aprender de eso y no repetir los errores del pasado.
