Por: Diego Macera
El Comercio, 9 de abril de 2020
Los libros de historia registrarán con atención lo que suceda en el país durante esta y las próximas semanas. El Perú actuó de manera responsable y compró valiosísimo tiempo con su rápida reacción a la crisis en desarrollo, pero queda la sensación de que no lo ha aprovechado siempre de la mejor manera.
La disponibilidad y aplicación de pruebas ha sido insuficiente para mantener un control efectivo sobre la propagación usando tecnología, como lo hicieron otros países con éxito. La intensificación de las medidas restrictivas en ocasiones genera más aglomeraciones en centros de abastecimiento de las que evitan. Las líneas de crédito provistas por el BCR y garantizadas por el MEF podrían atracarse en los detalles. Y el plan económico de reactivación sectorial progresiva en función de protocolos sanitarios todavía no está claro. Pero todo esto es terreno inexplorado y algunos errores serán inevitables. Sin fanatismos políticos, el gobierno merece reconocimiento por lo que viene haciendo bien, y llamadas de atención serias de parte de la ciudadanía cuando se requiera enmendar el rumbo.
Cual cicatriz, pasado lo peor algunas reflexiones quedarán grabadas que posiblemente cambien el país profundamente en los siguientes años. Una de ellas es la desidia que hemos, como nación, arrastrado por décadas para conocer a nuestra propia población. Eso no es culpa de este gobierno, sino de años de negligencia acumulada. El loable pero improvisado proceso para armar una base de datos de beneficiarios del bono Quédate en Casa y la operatividad de su distribución demuestran que se requieren mucho mayores esfuerzos para identificar las características básicas de los hogares y, sobre todo, incluirlos en canales modernos a pesar de la extendida informalidad. Es inconcebible que a dos décadas de entrado el siglo XXI la simple tecnología que facilita, por ejemplo, las billeteras electrónicas, no haya penetrado lo suficiente en el Perú como para hacer la repartición y cobranza del bono más simple, masiva y segura, ni siquiera en zonas urbanas.
Otro duro aprendizaje que al país le tocará asumir, y del que todavía no vemos su real dimensión, es el abandono del sistema de salud pública. El Perú es un país de ingresos medios, pero sus estándares de salud para la población de ingresos medios hacia abajo –la mayoría– son los de un país pobre. No está claro todavía qué tan pesada será la factura que la precaria situación de los hospitales, de las postas, y del ordenamiento general del sector nos pasará en las próximas semanas. Es poco probable que sea una barata, y esa cicatriz será permanente. Construir un sistema de salud adecuado no se hace en unas pocas semanas, pero esta debería ser la costosísima llamada de atención que lo ponga al tope de las prioridades políticas de ahora en adelante.
Finalmente, nuestra economía sufrirá también más de lo estrictamente necesario debido a algunos paradigmas de “tiempos de paz” que arrastramos. En el campo laboral, por ejemplo, las autoridades no parecen haber comprendido del todo la gravedad de la situación, ni que proteger el derecho al trabajo incluye necesariamente proteger las fuentes de ese trabajo; es decir, a las empresas. Impedir que las compañías puedan ajustar sus planillas a las circunstancias extraordinarias que nos toca vivir no preserva empleos, como creen algunos, sino que los destruye al hacer inviable la empresa. Y con el tejido empresarial seriamente herido, la recuperación será mucho más larga y dolorosa.
En la integración e identificación ciudadana, en salud, en economía, y en varios campos más, lo que hemos dejado de hacer o los paradigmas a los que nos aferramos pueden empeorar seriamente una situación que ya es difícil. Estamos demasiado tarde para corregir algunas cosas, pero hay muchísimo aún que sí se puede mejorar y preservar rápidamente. La historia mirará estas semanas que vienen con particular atención.
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