Idel Vexler
Correo, 18 de mayo de 2016
El año 2012, el Ministerio de Educación comenzó una política curricular nacional para la educación básica que se caracterizó por ser confusa, sin sustento legal, así como con idas y venidas. Se obligó a los colegios a trabajar varios documentos como partes de una propuesta denominada “Marco del Sistema Curricular Nacional”. Por sus agotamientos técnicos y prácticos, en octubre del 2015 se inició la elaboración de una nueva propuesta curricular que recién el último 28 de abril se conoció casi completa.
El gobierno de Humala al finalizar su mandato -para convalidar esta errática política, en la cual se ha invertido mucho dinero del Estado- aprobaría un nuevo currículo escolar para la Educación Básica. Ahora, lo curioso es que para tal fin, pretende presentarla como una política de Estado para que la próxima gestión gubernamental se vea presionada a desarrollarla.
Sobre esta pretensión pregunto: ¿Existe probanza que esta norma técnico-pedagógica sea pertinente por sus resultados validados por lo menos en un programa experimental? ¿Este documento pedagógico ha sido y está suscrito por un básico consenso social, educativo e inclusive político? ¿Cuáles son las evidencias fácticas de la realidad escolar que le permiten al Ministerio de Educación oficializarlo y generalizarlo para que tenga continuidad? ¿De qué continuidad hablamos como política de Estado si este nuevo currículo escolar comenzaría su vigencia recién en la gestión del gobierno que salga elegido? ¿Qué mandato legal tiene la administración humalista para programar su desarrollo el 2017, 2018…?
Más bien, en el tiempo que le queda el régimen actual debería consultarla y mejorarla para que el próximo gobierno la convierta realmente en una política de Estado.
Lampadia
