Hace algunas semanas, la primera ministra Ana Jara anunció que la corrupción en el Perú generó pérdidas por S/.10 mil millones en el 2013. Normalmente, cuando se habla de corrupción en el país la magnitud del problema se mide por el monto robado de las arcas públicas o por la suma pagada en sobornos a funcionarios del Estado para facilitar tal o cual trámite. Sin embargo –aun dejando de lado las implicancias legales y éticas de estos delitos–, la corrupción perjudica el desarrollo económico de otras maneras.
En primer lugar, la corrupción debilita fuertemente el ambiente de negocios y distorsiona los incentivos de una economía de mercado. Cuando los contratos de concesión o el acceso a permisos municipales dependen de qué compañía ofrece más dinero al funcionario de turno, la libre competencia deja de operar. Ya no gana la firma que otorga el mejor servicio al menor costo, sino aquella que ofrece un soborno o aquella cuyo dueño es el primo del alcalde.
A su vez, esta distorsión en los incentivos genera menos inversión privada nacional y extranjera: saber que se tiene que competir con empresas dispuestas incluso a incurrir en sobornos hará que muchas que no lo están prefieran abstenerse de invertir. El FMI estima que –para un país con problemas de corrupción– fortalecer significativamente su marco institucional incrementaría la inversión privada en 5%. Según el Foro Económico Mundial, el efecto de la corrupción sobre la economía aumenta 10% el costo de hacer negocios.
En segundo lugar, la corrupción genera decisiones ineficientes causadas por el interés en conseguir el dinero ilícito. Digamos que un alcalde acepta un soborno de S/.50.000 por adjudicar la construcción de un camino de S/.10 millones a un mal contratista que lo diseñará con un trazado pobre y usará materiales de baja calidad. El verdadero impacto de la corrupción en este caso no está en los S/.50.000 que se queda el alcalde, sino en los S/.10 millones que se perdieron en un proyecto de pésima calidad. Es aquí donde se encuentra el principal costo económico –y oculto– de la corrupción.
En términos agregados, la Universidad de Londres estima que un punto adicional en el índice de corrupción de Transparencia Internacional (estandarizado desde 0 para el país más corrupto y 12 para el menos corrupto) agrega 0,59 puntos porcentuales adicionales a la tasa de crecimiento del PBI para los países de ingresos medios y bajos.
En tercer lugar, es importante destacar que la corrupción en el acceso a servicios públicos afecta principalmente a los pobres. El FMI calcula que un empeoramiento de 2,5 puntos en el índice de corrupción reduce la tasa de crecimiento del ingreso de los pobres en 7,8 puntos porcentuales por año. Esto se explica –dice el FMI– por la menor actividad económica general, esquemas tributarios distorsionados, pobre focalización de programas sociales, bajo gasto en salud y educación, acceso inequitativo a servicios públicos, entre otros motivos.
En general, para enfocar adecuadamente el debate respecto de los costos reales de la corrupción, es clave tener una idea de sus efectos sobre la economía y la reducción de la pobreza. Por ello, concentrarse únicamente en el monto robado resulta en una subestimación enorme que oculta las peores caras de este mal.
