Las autoridades ambientales son dóciles y benevolentes cuando una empresa estatal genera un desastre ambiental. Esto lo demuestra el reciente derrame de crudo en Loreto, a 30 kilómetros del inicio del Oleoducto Norperuano.
Se estima que alrededor de 10 mil barriles de petróleo de la estatal Petro-Perú han generado una contaminación sin precedentes en la historia reciente de nuestro país. La devastación en la zona de Urarinas, Loreto, es ya inmanejable.
Si ese derrame fuese de una empresa privada, las autoridades habrían puesto el grito en el cielo; el ministro del Ambiente se estaría desgarrando las vestiduras, corriendo de un medio de comunicación a otro para lavarse la cara y una comisión investigadora se habría formado en el Congreso, con la hoy muy calladita Marisol Pérez Tello a la cabeza y con Verónika Mendoza recorriendo la zona del desastre, camarógrafo y micro en mano, vociferando indignada ante los medios (esta vez su despacho solo ha publicado una tímida nota de prensa).
Si de una empresa privada se tratara, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) la habría ya multado con una cuantiosa suma. Pero la profunda contaminación generada por Petro-Perú parece no preocuparle a nuestras autoridades y menos aún a la propia empresa, cuyo presidente ni ha dado cara.
Son dos los accidentes generados por la empresa estatal y, salvo un escueto comunicado, el OEFA no ha tenido la delicadeza de informar con exactitud la cantidad y extensión del derrame: afirma que solo se han afectado 2 hectáreas, mientras que anoche un revelador informe de “Panorama” mostró que sobrepasa las 4 hectáreas. Y todo esto en la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional Pacaya Samiria.
Ninguna autoridad ambiental ha informado las causas ni la multa que se le impondrá a Petro-Perú S.A; multa que –si la hay– será pagada con el dinero de todos los peruanos. ¿Está el Estado en capacidad de sancionarse a sí mismo?
Esta es la muestra más clara de cómo las empresas extractivas estatales son una amenaza para las comunidades, la conservación ambiental y el desarrollo sostenible, además de una competencia desleal para la inversión privada y una competencia que es, además, antiética.
En el Perú las empresas privadas sufren el acoso permanente de las entidades medioambientales “fiscalizadoras”, mientras que las extractivas estatales estamos viendo que no, aun frente a un episodio de tremenda magnitud.
El programa “Panorama” reveló que en las zonas afectadas por Petro-Perú se han detectado gran cantidad de peces muertos, la contaminación de suelos, de lagunas y de toda una quebrada, además de frágiles ecosistemas amazónicos como los varillales.
La salud de la población no solamente ha sido impactada sino que Petro-Perú ha contratado a menores de edad para las labores de remediación, según las denuncias de “Panorama”.
Si bien el OEFA y la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental recorrieron la supuesta zona del derrame, las autoridades no parecen dispuestas a que el asunto trascienda.
El derrame muestra los bajos estándares ambientales y obsolescencia de los equipos con que opera la estatal. Según Petro-Perú, su fuga no ha afectado ningún río, y parece que los congresistas quieren creérsela. Lo cierto es que al menos 500 comuneros no pueden consumir el agua que antes utilizaban y los animales de la zona siguen muriendo.
El doble estándar moral es más que peligroso.
