Por: Julio Luque, Presidente de Métrica Consultoría
El Comercio, 30 de abril de 2018
El Comercio, 30 de abril de 2018
A mediados del año pasado se produjo lo que se llamó el “escándalo Pura Vida”. A raíz de que las autoridades panameñas exigieron un cambio en la etiqueta del producto, en el Perú se desató una tempestad por un supuesto engaño masivo a los consumidores. Como sabemos, Pura Vida es una leche evaporada a la cual se le ha retirado la grasa animal y se ha sustituido por grasa vegetal, principalmente soya. Esta modificación no afecta –en absoluto– las cualidades nutritivas del producto ni representa en modo alguno una amenaza para la salud de quienes lo consumen. Lo que sí permite es un precio de venta 20% inferior al de la leche evaporada entera.
Se acusó a la empresa de inducir al engaño, porque el producto se denominaba leche evaporada modificada y porque tenía una vaca en la etiqueta. La verdad es que ninguno de esos elementos contravenía la legislación vigente, entre otras cosas porque el contenido del producto es mayoritariamente leche de vaca. Fruto de la indignación de las asociaciones de consumidores y de las presiones de instituciones como Indecopi y la Defensoría del Pueblo, se impusieron abultadas multas a la empresa y el Ministerio de Salud emitió una norma prohibiendo el uso de la palabra leche en las etiquetas de este tipo de productos, los cuales deben a partir de entonces usar una nueva y nada atractiva denominación: mezcla láctea compuesta. Era previsible que todo este debate que fue seguido con gran intensidad por los medios terminase por generar en la mayoría de consumidores la percepción de que durante años habían sido objeto de un mayúsculo engaño y que el consumo de leche evaporada modificada era perjudicial para las familias.
¿Qué ha ocurrido a prácticamente un año del escándalo? Lo primero y más importante es que el consumo de leche está en caída: 9% de reducción en el 2017 y 5% adicional en lo que va de este 2018. La mayoría de consumidores ha optado por migrar al consumo de leche evaporada o fresca entera. El precio promedio que están pagando quienes han migrado es hasta 25% más alto y muy probablemente esto es lo que origina el menor consumo. No es difícil intuir además que quienes han limitado el consumo de leche son los hogares de menor poder adquisitivo.
Nada de esto sería tan grave si no fuese porque el Perú tiene un consumo per cápita de leche muy bajo: 87 litros por habitante/año. La FAO recomienda que el consumo de leche sea de al menos 180 litros y todos los países de la región tienen consumos superiores al nuestro: México (130), Chile (145), Ecuador (110), Brasil (160), Colombia (141), Paraguay (130), por no hablar de países con mayor ‘cultura láctea’, como Argentina (200) o Uruguay (239).
En conclusión, una medida que tenía la buena intención de tener un consumidor perfectamente informado ha generado como efecto colateral que hoy gasten más y consuman menos, en buena parte motivados por la satanización que se hizo de la leche evaporada modificada, un producto perfectamente nutritivo y saludable que ofrecía la ventaja de un precio bastante más asequible.
Esta reflexión es especialmente relevante en momentos en los cuales se vuelve a discutir la reglamentación de la Ley de Alimentación Saludable. Antes de importar modelos de regulación que pueden ser adecuados para países con hábitos de consumo completamente distintos a los nuestros, es indispensable entender la realidad de nuestros consumidores. Los congresistas, autoridades y los líderes de opinión en la materia tienen la obligación de anticipar la reacción que un consumidor promedio tendrá ante una nueva regla de etiquetado o advertencia. No debemos olvidar que el camino al infierno está lleno de buenas intenciones.
