Jaime de Althaus, Antropólogo y periodista
El Comercio, 25 de noviembre de 2016
Ya ingresamos nuevamente al vértigo de escándalos con la última bomba informativa sepultando a la anterior. En medio de ese tráfago se nos escapan los problemas de fondo que subyacen a esas explosiones mediáticas. En lo de Nadine quizá, pero con seguridad en la liberación de 28 criminales por un juez, por ejemplo, lo que tenemos es un Poder Judicial (PJ) venal o débil o incompetente.
No es ninguna novedad. Lo que sí sería novedad es que se hubiese lanzado una iniciativa poderosa para llevar a cabo una verdadera reforma judicial que –junto con las reformas policial, política y del Estado– cambie el panorama nacional. Es lo que ha pretendido el Gobierno con el llamado Acuerdo por la Justicia, liderado por la ministra del ramo. Ella pone su máximo empeño y ha logrado implantar el mecanismo novedoso de la revisión de avances cada 100 días, reuniones mensuales y una comisión para estudiar la lentitud de los procesos, pero el esfuerzo tiene límites por la sencilla razón de que solo participan las cabezas de las instituciones que deben ser reformadas; es decir, un intento de autorreforma a regañadientes, con la coartada de la “autonomía” para no ir hasta donde se debe ir.
Hay que darle, por supuesto, el beneficio de la esperanza. Ojalá vaya gestándose un movimiento ‘in crescendo’. Los presidentes del Poder Judicial, Ministerio Público (MP), Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), Academia de la Magistratura y la propia ministra acuerdan “poner a disposición de todos los participantes nuestras bases de datos y sistemas operativos e informáticos para el establecimiento del sistema de interoperabilidad”, algo fundamental para instaurar el expediente digital, que sería una verdadera revolución. Pero necesitamos que se ponga a disposición también de la sociedad todas las sentencias e información clave sobre el desempeño de los magistrados. Lo que pasa es que no hay ni han acordado implantar sistemas de evaluación del desempeño y productividad de los jueces y fiscales ni una organización por resultados, lo que, de existir, haría innecesaria la arbitraria ratificación cada siete años por parte del CNM. Tampoco plantean una reforma de la composición del CNM para seleccionar mejores jueces y fiscales. Y no lo hacen porque el CNM es parte de este acuerdo.
Por eso mismo, el PJ no ha propuesto la reforma de su gobierno, que no puede seguir con períodos presidenciales de dos años y una sala plena todopoderosa. Ni siquiera pudieron el PJ y el MP acordar iniciativas de operación conjunta con carceleta incluida a nivel distrital para implantar la atención primaria de la justicia penal y eliminar la impunidad en los delitos menores: el PJ y el MP anuncian sus propios proyectos de distritalización sin coordinarlos. Una pérdida notoria de sinergia.
Este acuerdo debe abrirse a la participación del Congreso, de abogados, policías, el MEF, etc., o abrir un espacio paralelo con esos participantes que formule propuestas más ambiciosas. Ahora o nunca.
