El ex presidente de la Confiep Ricardo Briceño advirtió que el atentado contra tres helicópteros al servicio del Consorcio Camisea no es un incidente aislado sino consecuencia de algo más grande.
“Lo ocurrido no es un ataque a la gran empresa, sino a la gente de a pie, a las pequeñas empresas, al Metropolitano, la señora que cocina con gas licuado de petróleo y a las inversiones nacionales”, manifestó.
Ante la creciente ola de ataques, exigió que el Poder Judicial, la Fiscalía, y demás autoridades se unan contra el enemigo común.
“Esta situación ahuyentará la inversión privada, pues hay varios proyectos en cartera”, subrayó, tras indicar que existe una inoperancia del Estado para proteger el transporte del gas de Camisea en la zona del VRAEM.
“Es evidente que todos los inversionistas tienen conocimiento de este peligro. Es obvio, que la inversión privada se pregunta dónde está la protección de las fuerzas armadas y las fuerzas policiales. Y eso pone en peligro evidentemente la inversión”, advirtió.
Informó además que la empresa Transportadora de Gas del Perú (TGP) no puede iniciar la construcción del ductos que ampliaría el abastecimiento de gas por culpa de las acciones terroristas”. El Comercio, 21/07/2011.
“El sector privado convive con el Estado. Necesitamos que el Estado entienda que los privados somos sus verdaderos aliados. Los terroristas no son aliados del Estado”.
FALTA DE FIRMEZA
Carlos Augusto Dammert, presidente de la empresa Servicios Aéreos de Los Andes (propietaria de los helicópteros destruidos), lamentó que los subversivos operen libremente, mientras que las autoridades no han actuado con firmeza.
“No hay capacidad de gestión del Estado. Debemos de comenzar por el tema de seguridad. Necesitamos a ministros de Defensa y del Interior que conozcan de lo que estamos hablando, y que no se nombren por recomendación o por simpatía”, añadió.
Dammert reveló que Camisea ha decidido suspender los vuelos en la zona en peligro, e informó que el atentado hará que suban los seguros y esto elevará los costos de operación de las empresas, tal como sucedió en Colombia con las compañías atacadas por el grupo terrorista FARC.
También dejó en claro que TGP no se allanó a las exigencias terroristas de pago de cupos, y que la empresa pidió a la policía que cercara el aeródromo más no que se alejara como lo hizo.
En la comisaría de Kiteni, según dijo, había 50 policías, y en la base militar de Venecia, montada con apoyo de la compañía, había 200 solados.
“Las fuerzas de seguridad estaban muy cerca del aeródromo. Es muy extraño que en la noche, en medio de la selva, no hayan escuchado nada…”, concluyó.
