CIUDAD DE MÉXICO – México dio el lunes un paso para acabar con su monopolio de 75 años en la producción de petróleo y gas, abriendo potencialmente las mayores reservas sin explotar de crudo en el mundo a las compañías privadas y sentando las bases para un nuevo boom energético

El gobierno presentó el lunes un muy anticipado plan de reforma a la Constitución para permitir alianzas conjuntas entre el gobierno y empresas privadas de energía en un país que es el tercer proveedor de crudo para Estados Unidos y cuenta con las cuartas mayores reservas de gas de esquisto del mundo.

En la actualidad, la estatal Petróleos Mexicanos, o Pemex, produce todo el crudo y gas en México, y contrata a empresas extranjeras para perforar pozos y proveer otros servicios. Este modelo ha llevado a que la producción se desplome en años recientes.

El proyecto de ley permitiría que pesos pesados del sector, que buscan impulsar sus alicaídas reservas, como BP BP.LN +0.76% PLC, Chevron Corp., CVX +0.80% Exxon-Mobil corp. XOM -0.42% y Royal Dutch Shell RDSB.LN +0.76% PLC, exploten recursos en México.

El proyecto de reforma, que parece estar bien posicionado para recibir la aprobación del Congreso pero podría provocar una tormenta entre algunos políticos nacionalistas, representa un punto de inflexión para un país que fue el primer gran productor en nacionalizar su industria petrolera en 1938, una decisión que en las décadas siguientes imitaron otras naciones en desarrollo. México cuenta con las leyes más restrictivas en energía, comparables a Kuwait. Incluso Cuba tiene leyes energéticas más liberales.

“Si México aprueba esta reforma y tenemos paz en las calles, entonces el país dará un importante paso adelante”, dijo Enrique Krauze, un prominente historiador mexicano.

Las autoridades mexicanas esperan que esta iniciativa, la mayor reforma de la economía desde el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA, por sus siglas en inglés) en 1994, impulse el crecimiento económico al atraer inversiones de miles de millones de dólares, mejore la competitividad al bajar los precios de la energía para el sector industrial y perfile a México como una potencia en ascenso en un momento en que otros grandes mercados emergentes sufren una desaceleración.

“Esta iniciativa de reforma constitucional es el primer paso para contar con un sector energético acorde al siglo XXI”, dijo Peña Nieto durante la presentación del proyecto de ley.

A pesar de ser un cambio significativo, la iniciativa presentada el lunes podría decepcionar a algunas petroleras y seguiría quedándose corta en comparación con lo que ofrecen la mayoría de países productores de petróleo. Por ejemplo, no otorga propiedad directa de los campos petroleros a las empresas privadas vía concesiones. El gobierno de Peña Nieto también señaló que no cederá una participación del crudo, sino el equivalente en efectivo del petróleo que encuentren y produzcan.

Ese tipo de acuerdo es similar al que se ofrece en lugares como Ecuador e Irán, señalan autoridades mexicanas. Otros países, como Brasil y Noruega, ofrecen la propiedad del yacimiento.

Los analistas están de acuerdo en que el futuro de la reforma dependerá en gran medida de detalles clave que serán determinados en leyes secundarias en los próximos meses, como cuántos impuestos y otras tarifas querrá cobrar el gobierno mexicano.

“¿Podría ser esto muy atractivo? Necesitaremos más detalles y hasta que los sepamos, los inversionistas harán preguntas”, dijo Gray Newman, economista jefe para América Latina en Morgan Stanley MS +1.00% .

Un vocero de Chevron, Kent Robertson, dijo que la compañía daba la bienvenida a cualquier decisión de los mexicanos que proporcionan nuevas oportunidades de inversión.

México se juega mucho, dado que su producción petrolera ha caído durante la última década bajo el monopolio estatal Petróleos Mexicanos, o Pemex, desde 3,4 millones de barriles al día a 2,5 millones, y los nuevos recursos son más caros y difíciles de desarrollar. El declive, que podría convertir a México en un importador neto en cuestión de seis o siete años, se produce en un momento en que Pemex ha incrementado el gasto anual a aproximadamente US$20.000 millones al año, frente a los US$4.000 millones de hace 10 años.

México ya importa gasolina y gas natural: gasta la mitad de cada dólar que gana con el crudo, calcula el gobierno. Se estima que México podría albergar las cuartas mayores reservas de gas de esquisto del mundo, pero Pemex sólo ha perforado tres pozos de gas de esquisto, señaló Peña Nieto. En 2012, EE.UU. repartió más de 9.100 licencias para perforar pozos entre 170 compañías.

El proyecto de ley ahora pasará al Congreso, que lo evaluará en septiembre, aseguran las autoridades. La oposición conservadora, el Partido de Acción Nacional que gobernó México desde 2000 a 2012, ha dicho que apoyará las propuestas, lo que le concedería al Partido Revolucionario Institucional de Peña Nieto la mayoría de dos tercios que necesita para aprobar las enmiendas constitucionales.

Si la ley es aprobada, marcará una importante victoria para Peña Nieto, que ganó la presidencia el año pasado con la promesa de volver a colocar a México en las grandes ligas de los mercados emergentes, una posición que perdió en la última década con el ascenso de China y Brasil.

La verdadera oposición a las propuestas podría venir de las calles. El líder nacionalista Andrés Manuel López Obrador, que perdió las últimas dos elecciones presidenciales, ha llamado la iniciativa una “traición” y se comprometió a movilizar a sus seguidores para bloquear el proyecto.

Los historiadores aseguran que el nacionalismo petrolero tiene raíces profundas en México, ya que ha sido elogiado como el mayor logro en décadas en los libros de historia, una medida que vindicaba al país tras sufrir dolorosas derrotas, particularmente en la guerra contra EE.UU. en 1848, que resultó en la pérdida de más de la mitad de su territorio, incluyendo lo que hoy son los estados de California, Nuevo México, Arizona y Nevada.

De hecho, Peña Nieto no dudó en invocar al ex presidente Lázaro Cárdenas, que expropió la industria, enfatizando que los cambios eran muy similares a las leyes cuando Cárdenas dejó el poder en 1940, que bloqueaban las concesiones pero abrían la puerta a los contratos de riesgo compartido. No fue sino hasta 1960 que México prohibió a las firmas privadas compartir utilidades y riesgos.

Limitar las modificaciones a una estructura para compartir las ganancias en lugar del petróleo podría suavizar la reacción de la izquierda. Es improbable que el principal grupo político izquierdista, el Partido de la Revolución Democrática, respalde la iniciativa, pero tampoco es probable que se una a las protestas convocadas por López Obrador.

Una reforma más limitada también podría asegurar que el Pacto de México, el acuerdo de los principales partidos que ha contribuido a la aprobación de varias iniciativas importantes este año, continúe vigente.

“Es más conservador de lo que a la gente le habría gustado, pero tal vez eso sea bueno”, dijo John Padilla, director gerente de la consultora energética IPD Latin America. Una iniciativa que hubiese presionado más el sentimiento nacionalista pero que no habría conseguido la aprobación del Congreso habría sido una peor alternativa.

“Asumiendo que sea aprobada, el trabajo duro empieza con los detalles”, añadió Padilla.

Publicado por The Wall Street Journal Americas, El Comercio, 13 de agosto, 2013

Ver también INCENTIVOS PERVERSOS DE LA BUROCRACIA (Economista y político mexicano Luis Pazos)

El Perú figura en el bloque de los once países con mayor transparencia en la gestión de sus recursos naturales, según el Índice de Gobernanza de Recursos Naturales 2013, desarrollado por la organización Revenue Watch Institute.

El ranking evalúa,sobre una base de 100 puntos, la calidad en la administración de esos recursos en los 58 países más ricos en minería, gas y petróleo, considerando cuatro componentes principales: Marco institucional y legal, prácticas de acceso a la información, salvaguardias y controles de calidad y el entorno propicio.

El ranking está encabezado por países desarrollados como Noruega (98), Estados Unidos (92), Reino Unido (88) y Australia (85) y Canadá (76), a los que siguen varios países latinoamericanosy emergentes como Brasil (80), México (77), Chile (75), Colombia (74), Trinidad y Tobago (74) y Perú (73)

El índice considera que solo once naciones tienen niveles satisfactorios de transparencia y rendición de cuentas, entre los que está el Perú.

El ranking incluye a Ecuador, Venezuela y Bolivia en el segundo bloque de países en el que la transparencia es parcial. Sus puntajes alcanzana 58, 56 y 53 puntos, respectivamente. El índice clasifica además a otros dos grupos de naciones, consideradas débiles y deficientes.

El Índice de Gobernanza de Recursos Naturales 2013, permite que reafirmemos que en los países con libertades económicas, políticas y solidez institucional, los recursos naturales aceleran y potencian el desarrollo, según lo señalado anteriormente en el artículo Bendición, no maldición (El Comercio, 7 de abril, 2013).

En Noruega, Australia, Canadá y Chile los recursos naturales han sido uno de los combustibles principales de su progreso. Del total de las exportaciones de estos países, en promedio, el 80% lo constituyen los recursos naturales. Igualmente, la pobreza en estas sociedades, en promedio, alcanza a menos del 10% de la población. Insistimos, las claves del éxito son democracia y mercado.

Por el contrario, la abundancia de recursos naturales ha devenido en una maldición en aquellos países que no tienen mercado ni democracia. Sin mercado ni democracia la abundancia de recursos naturales alimenta la corrupción y el estancamiento económico, sirve para fortalecer el patrimonialismo, las oligarquías y las satrapías.

Si bien el ranking incluye al Perú en el nivel satisfactorio, debido a la calidad de su entorno legal e institucional (88), también advierte que en el componente “entorno propicio”, nuestro país registró la menor calificación (55), debido a que hay una alta percepción de corrupción y de debilidad del estado de derecho. En lugar de vender mensajes aterradores sobre la explotación de nuestros recursos naturales, el país debe enfocarse en trabajar para eliminar las trabas que impiden mayor inversión y frenan el crecimiento económico.

Para acceder al documento completo puede dirigirse a: Índice de Gobernanza de Recursos Naturales 2013.

El gobierno ha confirmado estar evaluando su eventual intención de comprar los activos de Repsol con el argumento principal de “la necesidad de regular” los precios de los combustibles. ¿De qué estamos hablando?

Los precios de los combustibles están alineados con los mercados internacionales y regulados por una banda de precios que establece Osinergmin. Ergo, si los precios de los combustibles ya están regulados, entonces, las intenciones de comprar los activos de Repsol y La Pampilla tienen que ser de otra índole. Resulta evidente que aquí no se quiere regular sino controlar políticamente los precios y concentrar poder económico, como se hace con PDVSA en Venezuela, YPF en Argentina y en los demás países bolivarianos.

Si consideramos que por la compra de Repsol se habla de pagar unosUS$400 millonesy las inversiones en los proyectos de desulfurización de los combustibles refinados demandarían unos US$750 millones adicionales. En otras palabras, se estarían comprometiendo más de mil millones de dólares. Con semejante compra, el Estado tendría el monopolio de la refinación de combustibles, el peor de los monopolios, pues no estaría sujeto a regulación alguna, además sería nítidamente inconstitucional.

La Pampilla refinó 72,000 barriles diarios de petróleo crudo el 2012 y Talara cerca de 65,000 barriles diarios. En total el 90% del mercado. Estando pendiente la modernización y desulfurización de Talara, el Estado tendría que asumir en total más de 4 mil millones de dólares, inversiones equivalentes al total del presupuesto anual de educación o al costo de dos autopistas panamericanas de Tumbes a Tacna. En un país con 27% de pobreza, nuestro gobierno estaría por dedicarse a jugar al monopolio en vez de enseñar a leer y sumar.No nos olvidemos que el Estado empresario dilapidóel equivalente a US$ 47 mil millones a precios de hoy.

El economista Pablo Secada sostiene que la tendencia de las economías modernas y desarrolladas es a deshacerse de las refinerías estatales.

Otro aspecto de este tema se relaciona con el eventual crecimiento de la “caja chica” del gobierno,máxime siendo que Petroperú ya no está sujeto al control de Fonafe y Consucode, tal como lo explicamos en el artículo Gadafi, Chávez y Petroperú de Lampadia.

La eventual compra de los activos de La Pampilla es una pésima señal al sector privado, justamente, en momentos en que se paralizan muchas inversiones, además del despropósito del uso de recursos públicos en aspectos no necesarios ni prioritarios.

Para mayor información sobre el tema leer el artículo de Jaime de Althaus La nostalgia del estado empresario (El Comercio, 26 de abril, 2013) y el editorial de El Comercio, La Madurez empieza por casa (26 de abril, 2013)