CONTROVERSIAS
Fernando Rospigliosi
Para Lampadia

El fracaso de la moción de vacancia sin duda impulsará a los comunistas en el gobierno a apresurar el paso y avanzar todo lo rápidamente que puedan para consolidar sus posiciones y conquistar nuevos y decisivos reductos, que les permitan cumplir su declarado objetivo de instaurar una dictadura chavista.

El primer éxito de los agentes cubanos en el Perú, Carlos Rafael Zamora (a) el Gallo y Maura Juampere, ha sido poner orden y alinear a las divididas filas de las izquierdas. 

Vladimir Cerrón y sus secuaces, irritados por haber sido desplazados de puestos del gobierno, eran cada vez más críticos de Pedro Castillo y los caviares, los beneficiados por su desalojo de los ansiados cargos en el Estado. Incluso insinuaron que votarían por lo menos por la admisión de la moción de vacancia.

Pero llamadlos al orden por sus controladores cubanos, disciplinadamente votaron en bloque y cambiaron drásticamente su discurso, apoyando celosamente a Castillo.

Todas las facciones izquierdistas fueron a Palacio para dar la impresión que ahora sí están unidas.

El asunto es que las pandillas caviares que participan ahora en el gobierno, también son tributarias de los cubanos y sus cófrades venezolanos y bolivianos. Verónika Mendoza y los herederos del MRTA que hoy ocupan puestos en el Estado, son parte de ese contubernio.

Una de las tareas de Zamora y Juampere es evitar que las disputas por el botín del Estado, que pelean a dentelladas las camarillas comunistas, pongan en peligro su consolidación en el poder. Por ahora lo han logrado. 

Como era evidente en los últimos meses, ellos solos no podían llegar a ningún acuerdo y sus reyertas estaban poniendo en peligro todo su proyecto dictatorial. Era necesario un poder superior a cada uno de ellos para arbitrar en sus trifulcas y lograr cierto orden. 

Por eso los cubanos mandaron a lo mejor que tienen en la vitrina hoy día, para evitar que esos forcejeos terminen arruinando la posibilidad de incorporar al Perú a su órbita.

No es probable que la gavilla de Cerrón desplace completamente a los caviares de Mendoza y su banda, como se rumorea ahora, porque estos también son funcionales a los propósitos de los cubanos. Lo más probable es que Zamora y Juampere intenten una distribución más equitativa del saqueo del Estado entre los distintos grupos.

Incluso es posible que intenten ampliar sus alianzas incorporando a caviares “moderados” para disimular los objetivos comunistas del gobierno. La utilización de “compañeros de ruta” y “tontos útiles” es habitual en su estrategia para hacerse de todo el poder, en determinadas circunstancias.

Y hoy, a pesar de ese triunfo en el Congreso, es obvio que el gobierno de Castillo está debilitado por las evidencias de corrupción y su inocultable ineptitud.

Mientras tanto siguen avanzando sin pausa en la ocupación del Estado. 

Por ejemplo, el dócil Avelino Guillén está nombrando como prefectos a conocidos miembros de Sendero Luminoso (Movadef, Fenate, Partido Magisterial) que utilizarán sus puestos para hacer propaganda y agitación en función de los propósitos del régimen. (“El Partido Magisterial se afianza en el gobierno”, El Comercio 4/12/21).

Lo más importante para ellos, sin embargo, es el control político de las FFAA, la PNP y los servicios de inteligencia, porque todo gobierno comunista se basa en la represión y la imposición. Seguramente pronto habrá novedades en ese campo también.

El tiempo se va acabando para los demócratas. Es necesario redoblar esfuerzos para evitar que el país termine de caer en manos del comunismo. Lampadia

CONTROVERSIAS
Fernando Rospigliosi
Para Lampadia

La salida de Luis Barranzuela del Ministerio del Interior repite la aviesa treta del gobierno: despiden a un impresentable que jamás debió ocupar ese puesto y consigue un nuevo respiro, al tiempo que ofrece argumentos a los que están listos para justificar cualquier desatino de Pedro Castillo y sus adeptos. Y, por supuesto, le da el pretexto necesario a los congresistas de los grupos que están impacientes por aprobar el gabinete presidido por la anti minera Mirtha Vásquez.

Lo mismo ocurrió con Guido Bellido, otro indecente que solo en un gobierno como el actual podía ocupar un cargo en el Estado. Su defenestración fue recibida con aplausos por lo que denominé la coalición vizcarrista –que sigue viva y actuando-, aunque su reemplazante fuera tan mala como él, solo que con mejores modales y menos estridente.

Similar fue el caso de Iber Maraví, un individuo absolutamente inaceptable en cualquier puesto público en cualquier gobierno –salvo en uno filo senderista-, sustituido por alguien que sin tener el prontuario de ese sujeto, comparte sus propósitos, como el de la asamblea constituyente.

De esta manera, van avanzando y ganando tiempo, consolidándose en algunas instituciones que son fundamentales para su objetivo de implantar una dictadura chavista.

Entretanto, se sigue propagando la violencia de las turbas, toleradas e incentivadas por el gobierno. En Ayacucho quemaron las instalaciones de la minera Apumayo e hicieron correr a los policías, maniatados por el gobierno y atemorizados, porque saben que si se enfrentan a los violentos, los acusados y perseguidos serán ellos. Eso ocurrió en el gobierno de Francisco Sagasti y sucederá ahora.

“La empresa es la responsable de todo lo que está pasando acá, el abandono de los últimos años en que no han remediado nada”, dijo, entre otras cosas, uno de los ministros del gobierno comunista que viajó para “dialogar” con los vándalos y obligar a la empresa a aceptar sus demandas.

En Piura quemaron los sembríos de Caña Brava y varios vehículos. El mismo libreto y ninguna reacción de las fuerzas del orden.

En Ancash paralizaron Antamina, una de las minas más grandes del Perú y del mundo. Allí no solo los han dejado actuar, sino varios ministros se han hecho presentes en el lugar donde se cometió el delito de bloqueo de carreteras, sancionado con 8 años de cárcel, para respaldar y dar la razón a los bloqueadores.

Por supuesto, ese comportamiento significa alentar a que muchos otros recurran al mismo expediente de bloquear carreteras, quemar instalaciones –también incendiaron varios vehículos de Antamina- y atacar a quien les plazca sabiendo que quedarán impunes y serán respaldados por el gobierno.

Antamina es un proyecto con altísimos estándares ambientales, que paga millones de dólares de impuestos y la única que tiene un mineroducto por el cual despacha el mineral desde su operación al puerto. Si esa empresa es acosada de esa manera, no es difícil imaginar lo que pasará con otras.

Desgraciadamente nada de esto conmoverá a los grupos que en el Congreso solo esperaban un pretexto para dar el voto de confianza al gabinete de la anti minera Vásquez.

El juego perverso de poner a alguien malísimo y luego, cuando las críticas son ensordecedoras, sacarlo y reemplazarlo por otro igual de malo pero menos grosero, le está funcionando -hasta ahora-, al gobierno, gracias a la complicidad de los caviares y medios de comunicación que pretenden imponer sus propios intereses.

Lampadia

“La crisis de Venezuela está lejos de terminar” es la frase con la que termina un reciente artículo publicado por The Economist (ver líneas abajo) en el que se reseña a detalle, el contexto en el que se dio la incineración de 2 camiones cargados con 20 toneladas de ayuda humanitaria (alimentos, suministros médicos, entre otros) cada uno hacia Venezuela, hecho acontecido el pasado 23 de febrero en la frontera con Colombia.

Y es que el evento en cuestión puso una vez más en evidencia lo que ya veníamos advirtiendo previamente en Lampadia: La clave del éxito de Guaidó: la firme lealtad que mantienen las fuerzas armadas y la policía con el régimen de Maduro, la cual es determinante para una mayor prolongación de la crisis humanitaria que aqueja a nuestro país vecino. Así, según el servicio de migración de Colombia, apenas 60 miembros de las fuerzas armadas y la policía desertaron, los cuales apenas representa apenas una ínfima facción en relación al ejército al mando de la dictadura bolivariana.

Tras los sucesos de este terrible hecho, Guaidó, el ahora presidente interino de Venezuela, ya no escatima la posibilidad – como ha dejado entrever a través de su cuenta de Twitter – de una intervención militar, apoyada por la comunidad internacional, en particular, de EEUU.

Pero el lunes pasado, el Grupo de Lima reafirmó su opción pacifista como el camino para enfrentar a Maduro.

Sin embargo, de darse la posibilidad de un conflicto armado, y suponiendo el éxito de dicha operación, nuestros lectores podrían encontrar relevante realizarse la siguiente pregunta:

¿Qué implicaría derrocar el régimen chavista de Nicolás Maduro, a la luz de las fuerzas políticas que confluyen alrededor de su círculo de poder?

En apariencia, la respuesta parecería ser “el fin de una dictadura” seguida de “la implementación de un programa de estabilización económica que permita reducir los enormes déficits fiscales, y con ello, darle fin a la hiperinflación”. Sin embargo, la verdad se torna mucho más perversa conforme analizamos la verdadera naturaleza de la crisis a la que nos referimos.

En realidad, no estamos solo hablando solo del “derrocamiento de un dictador”-como otrora sucedería con Pérez Jimenez en 1958 – y de “acabar con la hiperinflación”. De lo que estamos hablando es de una salida de una dictadura mezclada con un emporio del narcotráfico, terrorismo y delincuencia internacional que quizás por primera vez en la historia, ha usado los enormes recursos de todo el Estado, de un país rico en recursos naturales y con una posición geopolítica privilegiada, para expandir enormemente sus operaciones internacionales.

Esta suerte de invasión encubierta fomentada por el propio gobierno chavista ha estado enquistada en territorio venezolano durante 20 años y puede dividirse en tres “ejércitos”, altamente peligrosos por sus nexos con la dictadura castrista, el narcotráfico y el terrorismo. Según trascendidos:

• 22,000 cubanos que arribaron a Venezuela para controlar el país con el argumento de la “Anuencia Chavista”.
• 20,000 miembros de las FARC y del ELN de Colombia – ubicados en la zona de los Llanos – que no desean salir de Venezuela, pues el ejército colombiano los espera en la frontera con dicho país.
• Un número grande aunque incierto de terroristas de Hezbolá – ubicados en el oriente del país – que tampoco tienen forma inmediata de salir de forma segura.

Según Moisés Naim, la cantidad de cubanos en Venezuela ascendería a unos 30,000 ‘supuestos médicos’, pero en el mejor de los casos, todavía habría 15,000 cubanos colaborando en otras áreas, notarías, registros públicos, instalaciones militares, servicios de inteligencia, etc.

Así, el derrocamiento de tal dictadura sería histórico ya que sería un golpe demoledor para el narcotráfico y el terrorismo hemisférico e internacional. No se trata pues del derrocamiento de una dictadura convencional.

Afortunadamente, la cooperación internacional ha ofrecido su ayuda humanitaria a Venezuela, como una suerte de médico que atiende a un  paciente con un cáncer que lo ha estado invadiendo durante 20 años y cuyo estatus de salud actual, presenta una metástasis generalizada.

La operación será larga y lenta… ya que implica remover todos los daños generados por esta enfermedad durante estos últimos 20 años… Pero confiamos en que será certera. Lampadia

Guaidó v Maduro, el siguiente capítulo
Después de un día de drama, un estancamiento por la ayuda a Venezuela

¿Es la intervención militar el siguiente paso?

The Economist
24 de febrero, 2019
Traducido y glosado por Lampadia

CARACAS Y CÚCUTA. Aproximadamente a las 11 a.m. del 23 de febrero, cuatro camiones, cada uno cargado con 20 toneladas de alimentos, suministros médicos y artículos de tocador, habían llegado a los puentes Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander, que unen la ciudad fronteriza colombiana de Cúcuta con Venezuela. En el cruce de Simón Bolívar al sur de la ciudad, utilizado por miles de personas en un día normal, la policía colombiana abrió una barricada de metal que habían erigido y miles de venezolanos acudieron, con la esperanza de despejar un pasaje para que los suministros ingresaran a Venezuela. Cantando “libertad”, se dirigieron hacia la policía antidisturbios, que se habían colocado detrás de escudos transparentes en el lado venezolano del puente. Minutos después, la primera granada de gas lacrimógeno cayó sobre los venezolanos que avanzaban. Huyeron. Muchos resultaron heridos en la estampida.

El intento de entregar ayuda humanitaria a Venezuela, orquestado por Juan Guaidó, quien es reconocido como el presidente interino del país por su legislatura controlada por la oposición y por la mayoría de las democracias occidentales y latinoamericanas, tenía tres objetivos. El primero fue públicamente avergonzar al régimen dictatorial de Nicolás Maduro. Su corrupción e incompetencia han infligido años de dificultades a los venezolanos. El segundo fue aliviar esa dificultad mediante la entrega de unas 600 toneladas de ayuda, la mayor parte proporcionada por los Estados Unidos. El tercero y más importante fue derribar al régimen al abrir una brecha entre sus líderes y las diversas fuerzas armadas que lo mantienen en el poder. La operación tuvo éxito en su primer objetivo, pero hasta ahora no ha logrado los otros dos.

Comenzó el día anterior con un concierto estilo Live-Aid en Cúcuta, en escena por Richard Branson, un empresario británico. Maduro respondió con su propio espectáculo con poca asistencia al otro lado de la frontera. La gente del público dice que fueron transportados allí y recompensados con arroz y frijoles por presentarse. En el mismo día de la entrega de la ayuda, los presidentes de Colombia, Chile y Paraguay se unieron a Guaidó, quien tiene prohibido formalmente salir de Venezuela. (Los peces gordos pasaron el día monitoreando los eventos desde un edificio cerca del puente Tienditas no utilizado, entre los otros dos cruces). Cientos de periodistas vinieron a ver los eventos desarrollarse. Un mes después de asumir el cargo de presidente interino de Venezuela en un mitin en Caracas, Guaidó volvió a llamar la atención del mundo.

Pero poca ayuda, si es que alguna, llegó. Hubo informes de que algunos suministros llegaron a Venezuela a través de la frontera sur con Brasil, donde también se ha acumulado ayuda. La mayoría no ha avanzado más allá de un punto de control aduanero en el lado venezolano. En la frontera colombiana, las fuerzas venezolanas repelieron las entregas. Dos camiones lograron ingresar a Venezuela a través del puente Francisco de Paula Santander, pero fueron detenidos en el extremo venezolano. Algo, tal vez una granada de gas lacrimógeno, les prendió fuego. Los partidarios del gobierno afirman que los manifestantes fueron los responsables.

Después de que los guardias nacionales en la frontera dispararan los primeros botes de gas lacrimógeno, algunos manifestantes corrieron hacia el río Táchira, el cual se ha secado en gran parte, y les arrojaron piedras. Más gas lacrimógeno aterrizó. La mayoría de los manifestantes se retiraron, pero unos cientos siguieron arrojando piedras a los guardias venezolanos, que luego fueron reemplazados por la policía nacional.

Poco después de la retirada de los manifestantes, las fuerzas venezolanas comenzaron a disparar gases lacrimógenos al territorio colombiano, expulsando a manifestantes, periodistas y observadores de la Organización de los Estados Americanos que creían que estaban a salvo. Los manifestantes que habían avanzado más cerca de Venezuela fueron recibidos con balas de goma y municiones reales. Dicen que fueron despedidos por colectivos, grupos paramilitares leales al régimen, y no por la policía antidisturbios, que no portaban armas. La policía colombiana, los paramédicos y los médicos atendieron a las víctimas en el puente Simón Bolívar y en tiendas de campaña médicas bien instaladas. Los doctores confirmaron que a algunos les habían disparado con munición real. Los heridos más graves fueron trasladados a hospitales. En total, cerca de 300 personas resultaron heridas en los cruces de Cúcuta. Según informes, cuatro personas murieron en la frontera de Venezuela con Brasil.

The Economist vio a cuatro miembros de las fuerzas armadas venezolanas cruzando el puente Simón Bolívar y el propio río para unirse al gobierno interino de Guaidó. Fueron recibidos como héroes y la policía los llevó apresuradamente. Al final del día, más de 60 miembros de las fuerzas armadas y la policía habían desertado, según el servicio de migración de Colombia.

Pero eran excepciones. La mayoría se mantuvo leal al régimen de Maduro. Los colectivos parecen ser los más comprometidos, y los más peligrosos. Víctor Navas, un manifestante, dijo que cuando los manifestantes desafiaron a la policía antidisturbios, los colectivos estacionados en el lado venezolano del río lanzaron gases lacrimógenos y munición real. Un desertor que cruza el puente Francisco de Paula Santander dijo que el gobierno había ordenado a los colectivos “masacrar a la gente”. Los habitantes de San Antonio de Táchira, en el lado venezolano del río, dicen que los colectivos atacaron a los manifestantes allí y se rompieron en apartamentos. Hay informes no confirmados de que han tomado como rehenes a las familias de algunos desertores.

En Caracas, la capital de Venezuela, Maduro no daba señales de rendirse. En una manifestación a favor del régimen, el 23 de febrero, se presentó en salsa con su esposa, Cilia Flores, e insistió repetidamente en que sigue siendo el presidente “legítimo” de Venezuela. La mayoría de los observadores independientes piensan que su reelección en mayo pasado fue fraudulenta. El único indicio que podría mostrar su preocupación era el chaleco antibalas que parecía llevar debajo de su cavernosa camisa roja.

Venezuela ahora ha roto relaciones diplomáticas con Colombia. Ha cerrado sus fronteras con Colombia y Brasil y su frontera marítima con tres islas del Caribe, incluida Curaçao, donde se encuentra otra reserva de ayuda. Venezuela ha roto así sus principales conexiones de transporte de superficie con sus vecinos.

Guaidó y la oposición dicen que continuarán buscando formas de obtener la ayuda. Se necesitará más cuando las sanciones impuestas por los Estados Unidos al petróleo de Venezuela, su principal fuente de divisas, comiencen a morder. Guaidó respalda las sanciones como una forma de forzar el régimen. Hasta ahora, han tenido poco efecto visible. Pero se espera que empeoren una situación ya desesperada. “Si estas sanciones se implementan en su forma actual, estamos ante la inanición”, dijo al New York Times, Francisco Rodríguez de Torino Capital, un banco de inversiones.

Con pocas señales de que el régimen esté preparado para ceder, la especulación es cada vez mayor de que la oposición de Venezuela y Estados Unidos tomarán medidas más drásticas. Guaidó tuiteó que, después de los eventos del 23 de febrero, “propondrá formalmente a la comunidad internacional que se deben mantener todas las opciones abiertas” para liberar a Venezuela. Marco Rubio, un senador estadounidense que influye en la configuración de la política de los Estados Unidos hacia Venezuela, tuiteó en respuesta que “los graves crímenes cometidos hoy por el régimen de Maduro han abierto la puerta a varias acciones multilaterales potenciales que no estaban sobre la mesa hace apenas 24 horas”.

Estas parecen amenazas a respaldar algún tipo de intervención militar en Venezuela, una opción que el presidente Donald Trump se ha negado repetidamente a descartar. El hashtag “Intervención Militar YA” está en tendencia en Twitter. Eso sería una medida altamente arriesgada. Muchos venezolanos podrían ver como libertadores a los soldados extranjeros que reciben ayuda y la promesa de una democracia restaurada. Pero muchos otros seguramente considerarán su llegada como una confirmación de la afirmación de Maduro de que la oferta de ayuda es una cobertura para un complot “imperialista” contra el país. La crisis de Venezuela está lejos de terminar. Lampadia