Entrevista a Víctor Gobitz
Correo, 26 de enero del 2025
Clorinda Flores
Empresario cuestiona que el Gobierno no apele a la Sunat ni a la Unidad de Inteligencia Financiera o al Osinergmim para frenarla y así controlar la violencia.
Víctor Gobitz, presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), revela que parte importante de la producción diaria de las plantas que procesan el oro ilegal es subvaluada para permitir pagos no registrados del movimiento de dinero en efectivo. En entrevista con Correo precisó que allí está la conexión con las extorsiones que generan violencia en las ciudades.
Reinfo sigue a pesar de todo…
Junto con el Reinfo están las plantas de beneficios instaladas en la costa, que han obtenido sus permisos ambientales como pequeños mineros, que deben procesar 350 toneladas diario por día, pero tienen una mayor capacidad, son más grandes. No tienen ninguna operación minera, compran el mineral ilegal. Hay un sistema de control muy laxo que permite al minero con Reinfo extraer mineral.
¿El pequeño minero tiene ciertos beneficios?
La legislación dispone que plantas que procesan minerales por menos de 350 toneladas por día no necesitan gestionar sus permisos de operación y construcción en el Ministerio de Energía y Minas u otra entidad de alcance nacional, como lo hacen las grandes empresas. Lo hacen en los gobiernos regionales, en un proceso laxo. Son plantas sin minas donde se procesa la producción de supuestos pequeños mineros, que se amparan con el Reinfo.
Qué complicado…
Se requiere hacer trazabilidad de esas plantas, que haya permanente intervención de Sunat y participación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para que se conozca la ruta del dinero; saber quiénes están en esa cadena, y sus beneficiarios. También se deben controlar insumos como explosivos, combustibles, controlar el consumo de energía para verificar que las plantas no tienen la capacidad de procesamiento que se declara como pequeña minería.
¿Y el Osinergmin, la inteligencia?
Sí, Osinergmin con los combustibles. Fácilmente puede pedir información de consumo de energía y con los ratios de consumo de energía para plantas pequeñas, se concluirá que esas plantas no están declarando toda la producción. La solución no solo es policial. Sin duda es papel de la policía que no transiten camiones llevando material de contrabando como explosivos, o sacando oro hacia las fronteras. Pero se requiere la participación de la UIF y de la Sunat para controlar la ruta del dinero, hay mucho manejo de efectivo. Se estima que parte importante de la producción diaria es subvaluada e incentiva los pagos no registrados del movimiento de dinero en efectivo. Aquí está la conexión con las extorsiones que generan la violencia en las ciudades. Se debe aplicar mucha más inteligencia para conseguir mejores resultados.
El ex presidente de Confiep, Roque Benavides, dijo a Correo que los empresarios necesitan difundir más el problema…
Sin duda. Los empresarios tenemos que ser más vocales, llamar la atención de quienes toman la decisión, como el Poder Ejecutivo, el Congreso y de las instituciones que pueden aplicar la fuerza, sea policial o militar. Si se hace una trazabilidad de las plantas procesadoras se podrá romper la cadena y se logrará el orden.
Pero falta decisión política.
Sí, es claro que el Gobierno tiene herramientas que no ejerce (Sunat, UIF y Osinergmin). Hay un Congreso que trata de legislar, a través de la Comisión de Energía y Minas, a favor de la no formalización. Dicen que “están a favor de los pequeños mineros”, pero en esta cadena benefician a actividades que no son pequeña minería, que incumplen las normas.
¿Controlada la minería ilegal se reduciría la violencia?
Sí, la minería ilegal hace uso de violencia criminal para ingresar a terrenos de terceros. Además hay actividades conexas como prostitución, trata de personas, extorsiones. Es un sistema que se está retroalimentando y lleva al país a un espiral muy peligroso.
