Víctor Góbitz
El Comercio, 25 de octubre del 2024
Nuestros congresistas deberán tomar en breve una decisión transcendental, a favor de nuestra juventud que aspira a obtener un empleo de calidad, o a favor de extender la vigencia de un proceso fallido, que ha incrementado la criminalidad y que beneficia solo a una minoría: los titulares del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) y los propietarios de plantas de beneficio sin mina.
La actividad minera aurífera no formal emplea alrededor de 500.000 personas; y las personas naturales con Reinfo vigente son solo el 4% de ese número. Por otro lado, los titulares de las plantas de beneficio sin mina, que acopian y procesan el mineral extraído bajo el amparo del Reinfo y que declaran niveles de producción que los exime de la fiscalización de Osinergmin y OEFA, deben ser escasamente alrededor de 50; es decir, menos del 0,01%.
La ley MAPE (minería artesanal y pequeña escala), prepublicada por el Minem el pasado julio, pretende, correctamente, abordar la actividad minera no formal, convirtiéndola progresivamente a la categoría artesanal o pequeña minería; erradicando la precariedad laboral y ambiental en la que se halla inmersa.
La precariedad laboral expone a nuestros jóvenes a riesgos de muerte por intoxicación por gases, si los socavones no cuentan con sistemas de ventilación, o a muerte por aplastamiento por caída de rocas, si las excavaciones no cuentan con fortificación. La precariedad ambiental, a su vez, traslada a la sociedad entera el pasivo de la depredación y la contaminación de cursos de agua.
La ley MAPE traerá además trazabilidad a toda la cadena productiva de la minería no formal, lo que erradicará el financiamiento a través de las economías criminales, y las plantas de beneficio sin minas podrán seguir operando si asumen la responsabilidad de verificar la procedencia de los minerales que procesan.
