Víctor Gobitz
El Comercio, 20 de junio del 2024
Podría adoptarse un modelo colaborativo, buscando minimizar la huella ambiental, incrementando la robustez financiera, y generando un mayor impacto socioeconómico, escribe el presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE).
Nuestro país cuenta con un portafolio de proyectos mineros que supera los US$50.000 millones de inversión, y más del 70% son proyectos de cobre.
Estos proyectos cuentan con atributos muy valiosos para enfrentar nuestro principal desafío colectivo, que es derrotar la pobreza. Primero, porque al ser de larga vida útil permitirán a nuestro erario nacional contar con una planificación fiscal de largo plazo más robusta. Segundo, porque son de gran dimensión en contraste con la minería aurífera informal y, por ende, generan corredores económicos y logísticos, que integran territorios altoandinos con espacios costeros exportadores. Tercero, porque son una fuente importante de empleo formal y bien remunerado, desde sus etapas constructivas.
Nuestro portafolio de cobre lo podemos desglosar en dos clusters interregionales: el cluster del norte en Cajamarca, Lambayeque, Áncash y La Libertad, donde se ubican los proyectos Conga, Galeno, Michiquillay, La Granja, Cañariaco, Yanacocha Sulfuros, Coimolache Sulfuros, Antakori, La Zanja Sulfuros, La Arena II y Magistral. Y el cluster del sur en Apurímac, Arequipa y Moquegua, donde se localizan los proyectos Coroccohuayco, Los Chancas, Trapiche, Sulfobamba, Haquira, Tía María, Zafranal, Chapi y Los Calatos.
La puesta en marcha de toda esta lista de proyectos cupríferos nos colocaría en un nivel de producción anual similar al de Chile.
Esos proyectos están siendo estudiados como casos aislados, cada cual con su propia infraestructura, llámese suministro de energía, fuente de agua industrial, carretera de acceso interandina, sistema de telecomunicaciones y con su propio sistema logístico para transporte de la producción final (concentrados) y despacho al exterior (puerto).
Sin embargo, también podría adoptarse un modelo colaborativo, buscando minimizar la huella ambiental, incrementando la robustez financiera por economía de escala o por compartir infraestructura, y generando un mayor impacto socioeconómico.
Una primera mención especial de esta perspectiva colaborativa es explicar las diferencias técnicas, ambientales y económicas entre un mineroducto, ideal para vencer nuestra geografía agreste con una tubería que se adapta a la topografía del terreno; y un sistema de ferrocarril, que requiere un ancho de vía considerable y cuenta con un trazo muy extenso.
Una segunda mención especial es la urgencia de sincronizar el desarrollo del portafolio cuprífero con la inversión en facilidades portuarias, porque en el clúster del norte, donde se requerirá exportar a granel más de 5 millones de toneladas al año, no se cuenta con las facilidades existentes en el Callao (centro) o Matarani (sur).
Finalmente, el canon minero debería distribuirse sin privilegiar al distrito altoandino donde se ubica el yacimiento minero, sino promoviendo el desarrollo del corredor económico antoandino y costeño.
En adición a la evaluación técnica-económica de cada uno de nuestros proyectos cupríferos de manera individual (‘stand alone’), debemos evaluar un esquema colaborativo que acelere la puesta en valor de nuestros recursos; esto supone un cambio de paradigma, tanto a nivel público como privado, intentando no seguir haciendo más de lo mismo.
