Urpi Torrado
El Comercio, 8 de enero del 2026
“El discurso de odio puede movilizar adhesiones de corto plazo, pero deja una sociedad más fragmentada, desconfiada y polarizada”.
Las redes sociales se han convertido en una de las principales fuentes de información política para los peruanos. Casi la mitad de la población afirma informarse a través de estas plataformas, aunque con diferencias marcadas por edad, nivel educativo y territorio. Su alcance y velocidad las hacen imposibles de ignorar en una campaña electoral. Sin embargo, los ciudadanos también desconfían de lo que ven en las redes. Esa desconfianza no surge solo de la proliferación de noticias falsas, con las que muchos ya se han topado, sino también del tono y del contenido de una conversación digital cada vez más agresiva.
El análisis de la conversación en las redes sociales realizado por Datum sobre publicaciones vinculadas al proceso electoral muestra un patrón preocupante. El tema más recurrente es la seguridad ciudadana, que concentra el 31% de las menciones. Le siguen, con un 21% cada uno, los contenidos asociados a injusticia y al discurso de odio. Más atrás aparecen la corrupción, la economía y otros temas de coyuntura. La relevancia del discurso de odio no es marginal ni anecdótica; ocupa un lugar central en la narrativa digital alrededor de la elección.
Este tipo de discurso no busca persuadir desde la argumentación ni desde la propuesta. Su lógica es distinta. Apela a emociones primarias como el miedo, la ira o el desprecio, con el objetivo de polarizar afectivamente a la población. No se trata de convencer al votante de que una opción es mejor que otra, sino de generar rechazo visceral hacia determinados candidatos o partidos. La adhesión que se busca no es racional ni programática, sino emocional y excluyente.
En la conversación digital analizada se observa una recurrencia de mensajes que llaman explícitamente a la exclusión electoral de determinados actores. Hashtags que instan a que ciertos candidatos “no pasen” o “no existan” políticamente se repiten con frecuencia. A ello se suma la asociación sistemática de partidos y figuras políticas con términos como “mafia”, “narcoestado”, “ladrones” o “golpistas”, sin matices ni evidencia, construyendo una imagen homogénea de amenaza. En muchos casos, el lenguaje escala hacia la deshumanización abierta, donde candidatos son calificados como “parásitos”, “ratas”, “basura” o “asquerosos”, y sus seguidores son ridiculizados o degradados.
También se identifican ataques que instalan sospechas extremas, asociando a personas o colectivos con el terrorismo, la delincuencia o la traición, sin sustento ni evidencia. A ello se suman agresiones dirigidas contra candidatos indígenas, rurales o mujeres, en las que la burla, el racismo y el sexismo operan como mecanismos de descalificación política. En paralelo, los simpatizantes de determinadas opciones son calificados con insultos como “ignorantes”, “imbéciles” o “sin cerebro”, reforzando una lógica de exclusión y superioridad moral que profundiza la polarización social.
El discurso de odio puede movilizar adhesiones de corto plazo, pero deja una sociedad más fragmentada, desconfiada y polarizada. Entender su dinámica y efectos no es solo una tarea analítica, sino una condición necesaria para proteger la convivencia democrática. Porque las elecciones terminan, pero las heridas que deja no siempre cierran.
La normalización del insulto, de la deshumanización y del desprecio dificulta cualquier intento posterior de diálogo, consenso o gobernabilidad. Cuando el adversario político es presentado como un enemigo moral o alguien indigno de existir en el espacio público, la posibilidad de reconstruir mínimos acuerdos se reduce drásticamente.
Este entorno contribuye a explicar por qué muchos desconfían de las redes como fuente de información. No solo dudan de la veracidad de los contenidos, sino que rechazan el clima emocional que se genera. El exceso de confrontación, el tono agresivo y la exposición a mensajes de odio producen cansancio, retraimiento y desconexión del debate público. Lejos de fortalecer la deliberación democrática, la empobrece.
